La Unesco declara patrimonio universal la ESMA, el mayor campo de concentración de la dictadura argentina

La Unesco acaba de introducir una cuña en un inesperado debate sobre el terrorismo de Estado en Argentina. Cuando, en plena campaña electoral, irrumpen voces que defienden solapadamente la represión, el organismo declaró Patrimonio Cultural y Natural Mundial a la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Se trata del mayor campo de concentración que funcionó entre 1976 y 1983, cuando el régimen agonizaba. Por ese predio, cercano al estadio del River Plate, sede principal del Mundial de Fútbol de 1978, pasaron unas 5.000 personas. La gran mayoría perdió la vida. Fueron ejecutados o arrojados al Río de La Plata desde un avión de la Marina. El oficial Adolfo Scilingo, condenado en 2005 en España, fue uno de los arrojó luz sobre la naturaleza de los vuelos de la muerte que partieron de la misma ESMA.

En este contexto, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de la Unesco definió al Museo Sitio de Memoria que se encuentra en aquellas instalaciones como "el símbolo más prominente del terrorismo estatal". Durante su reunión en Riad, Arabia Saudí, el organismo felicitó a Argentina por presentar la candidatura "y buscar justicia por los hechos cometidos por la dictadura contra oponentes armados y no armados y entender la influencia global y la resonancia de estos eventos en el Museo ESMA".

El predio, visitado por miles de personas cada año, tiene otra macabra particularidad. Se levanta en Libertador, la segunda avenida más importante de la capital, un circuito inevitable para ir de la zona norte de la periferia bonaerense al centro de la ciudad. El centro clandestino estaba a la vista de todos y era, a la vez, invisible. Miles y miles de automóviles pasaban a su lado sin sospechar lo que sucedía en su interior.

Fue el Gobierno de Néstor Kirchner el que transformó en 2005 a la ex-ESMA en un sitio de la memoria, en medio de fuertes disputas con sectores conservadores.

Reacción del Gobierno

El presidente Alberto Fernández saludó la decisión de la Unesco. "La memoria hay que mantenerla viva para que las malas experiencias no se repitan", dijo. En aquel predio de 17 hectáreas, uno de los 700 que la dictadura utilizó para aplicar su política de desapariciones forzadas, "se expresó lo peor del terrorismo de Estado". La secretaría de Derechos Humanos, presidida por Horacio Pietragalla, hijo de una víctima fatal de la represión, había presentado ante el organismo de Naciones Unidas la petición para que la ex-ESMA sea considerada el espacio de la barbarie emblemático de la región. La solicitud destacó la existencia previa de otros espacios asociados a momentos trágicos del siglo XX como el campo de extermino de Auschwitz, en Polonia, incorporado a la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco en 1979. El Memorial de la Paz de Hiroshima fue añadido en 1996 y la Isla Robben, donde se encuentra la prisión en que fue alojado Nelson Mandela en Sudáfrica, fue admitida en 1999.

"Este reconocimiento a nivel internacional constituye una contundente respuesta frente a los discursos que niegan o buscan relativizar el terrorismo de Estado y los crímenes de la última dictadura cívico-militar", señaló Pietragalla desde Arabia Saudí. "Una vez más, como antes en 2004 y después en 2015, hoy y siempre: Memoria, Verdad y Justicia", dijo por la tarde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El ascenso de la ultraderecha

La novedad se conoce en medio del sostenido avance de la ultraderecha. Su candidato a presidente en las elecciones del 22 de octubre, Javier Milei, aparece como favorito. Su compañera de fórmula, la abogada Victoria Villarruel, se ha convertido en la portavoz de los discursos que relativizan el alcance de las violaciones a los derechos humanos y cuestionan los juicios contra los exrepresores.

La irrupción en la escena pública de Villarruel fue precedida por el cuestionamiento de la cantidad de víctimas de la dictadura. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada en 1984 por Raúl Alfonsín, el primer presidente de la transición democrática, contabilizó unos 9.000. Los organismos de derechos humanos manejaban ya bajo el régimen de terror la cifra de 30.000 víctimas. La distancia entre uno y otro número tiene, para los especialistas, una explicación que se cree irrefutable: el Estado nunca ofreció información oficial mientras gobernaron los militares y tampoco dejó sus archivos a disposición de las autoridades políticas entrantes.