La justicia argentina reabre dos causas contra Cristina Fernández de Kirchner en plena campaña electoral

"El sábado vamos a presentar la reedición, a 20 años de su publicación, de un libro imprescindible: Después del derrumbe. Conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner". Minutos después de que la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner anunciara su reaparición pública con el homenaje a su extinto esposo, un tribunal de segunda instancia decidió reabrir dos causas en su contra y llamarla a juicio oral. El anuncio, en medio de una campaña electoral en la que la exmandataria es una figura fantasmal, provocó alborozo en la oposición de derechas. Para el kirchnerismo, se trata de una previsible muestra de politización de los tribunales que ya se ha expresado en 2022 en una condena a seis años de prisión e inhabilitación del ejercicio de cargos electivos. La propia Fernández de Kirchner lo consideró en su momento un modo de proscribirla.

No faltan por estos días analistas que hablan del lento ocaso de su liderazgo dentro del peronismo, el partido que gobierna desde diciembre de 2019 y que en las presidenciales del 22 de octubre lleva como candidato al ministro de Economía, Sergio Massa, segundo en las encuestas y, de acuerdo con distintos consultores, seguro perdedor en un segundo turno ante el ultraderechista Javier Milei.

En este contexto es que se conoce el dictamen de la Cámara Federal de Casación Penal en dos casos que la vicepresidenta había sido sobreseída. La primera de las causas se relaciona con supuesto lavado de dinero a través la empresa administradora de los hoteles de la familia Kirchner en la Patagonia, y había sido archivada hace casi dos años. La segunda tiene que ver el fallido intento de interrogar a un grupo de iraníes en el marco de las investigaciones sobre el atentado contra la mutual judía de la ciudad de Buenos Aires que, el 18 de julio de 1994 provocó 84 muertos.

El hecho se encuentra desde entonces impune. El Gobierno de Cristina Kirchner buscó avanzar en esa causa y, con acuerdo parlamentario, llegar a un acuerdo con Teherán para tomarle declaración a los presuntos involucrados en el peor acto de violencia de de corte antisemita que ha tenido lugar en la región. El pacto nunca llegó a materializarse, etre otras razón porque Irán nunca lo rubricó. El fallecido fiscal Alberto Nisman acusó no obstante a la presidenta y su ministro de Ecteriores, Héctor Timerman, de encubrimiento del bombazo. La justicia los había sobreseído hace un año. Timerman no pudo siquiera gozar de ese beneficio: murió antes como consecuencia de una penosa enfermedad.

Giro judicial

La reapertura de ambos juicios se ha llevado a cabo con una velocidad que, dicen en el entorno de la vicepresidenta, contrasta con la escasa voluntad de dilucidación del fallido magnicidio del 1 de setiembre de 2022. El intento de asesinato provocó perplejidad e instaló en la Argentina la lógica de la violencia que había sido desterrada a fines de 1983 cuando se recuperaron las instituciones republicanas. El país estuvo a escasos segundos de un crimen político que, insisten los abogados de Fernández de Kirchner, solo es investigado en su superficie: serán enjuiciados el joven que trató de disparar contra su cabeza y dos cómplices, pero nada se sabe de los posibles financistas de esa acción. Tres meses más tarde, la vicepresidenta recibió su primera condena en el marco de una causa por corrupción en el manejo de la obra pública cuando estaba en el poder.

A diferencia de ese expediente, la causa de los hoteles también arrastra a sus hijos, el diputado Máximo Kirchner, y Florencia Kirchner, quien no tiene protagonismo político y, según la prensa bonaerense, se encuentra en un delicado de salud.  La justicia hizo suyas las sospechas de dirigentes opositores de que empresarios cercanos a la familia presidencial pagaron durante años habitaciones en el complejo Hotesur como moneda de cambio por los contratos para realizar obras de infraestructura. Sin embargo, las acusaciones no pudieron ser fehacientemente probadas. Todo vuelve a comenzar con la reapertura de la causa.

"Ahora es el momento que pague", celebró la candidata presidencial de la derecha, Patricia Bullrich. "La justicia la persigue porque se la llevaron todo (el dinero)".

La vicepresidenta puede apelar los dictámenes ante el Tribunal Supremo. Los analistas descartan ese paso: Fernández de Kirchner ha librado sin suerte una guerra retórica contra la principal autoridad judicial. La considera la cabeza de un "Estado paralelo" que ha arruinado el sistema democrático.