Sublevación en la Guerra
El caso penal contra el líder de Wagner sigue abierto, según medios rusos
La historia de Wagner: de un secreto a voces a un grupo insurrecto
EFE
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El caso penal contra el jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgueni Priogzhin, continúa abierto acusado de organización de rebelión armada, según un diario ruso de Moscú. El Kremlin había asegurado este domingo que el oligarca se iría al exilio en Bielorrusia y que por tanto no sería perseguido judicialmente, según el diario Kommersant, pero este lunes se ha desmentido.
Bajo el artículo 279 del Código Penal Ruso, la Fiscalía General de Rusia abrió el expediente de Prigozhin cuando él y los mercenarios de Wagner habían anunciado su paso por la frontera en dirección a Moscú. Un supuesto ataque al campamento de los mercenarios en la retaguardia rusa por parte del Ejército ruso había provocado la rebelión de los sublevados.
100.000 soldados muertos
Es cierto que, las formaciones como Wagner están prohibidas por la legislación de Rusia, pero tras la invasión de Ucrania estas formaciones se han convertido en el principal destacamento de asalto de las fuerzas rusas en suelo ucraniano.
Yevgueni Priogzhin había denunciado la mala gestión de la cúpula militar rusa que está encabezada por el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, y el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov. Según el jefe de los Wagner la guerra había costado la vida a unos "100.000 soldados rusos".
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, fue el encargado de frenar la rebelión de los mercenarios rusos a través de un acuerdo alcanzado con Priogzhin, cuando el comando ya se encontraba a 200 kilómetros de Moscú. A primera hora del pasado sábado, el grupo criminal Wagner había anunciado la toma de la ciudad rusa Rostov del Don, sede del Estado Mayor del Distrito Militar Sur de Rusia.
El exilio como solución
El acuerdo firmado entre Lukashenko y Yevgueni Priogzhin estipula que el mercenario de Wagner se debía exiliar en Bielorrusia a cambio de la retirada de los cargos penales, con los cuales podía ser condenado a una pena de prisión de entre 12 y 20 años. En este pacto también se incluye que no se persiga a los mercenarios que se sumaron a la sublevación y permitir que los combatientes que no participaron puedan suscribir un contrato con el Ministerio de Defensa dirigido por Shoigú Guerásimov.
Tanto Shoigú como el presidente ruso, Vladímir Putin, habían ordenado que todas las unidades "voluntarias" de Rusia suscriban un contrato con Defensa hasta el 1 de julio, algo que Prigozhin antes de la sublevación había rechazado tajantemente.
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