Un demoledor informe detalla los abusos de la policía de Mineápolis tres años después del asesinato de George Floyd

El asesinato a manos de la policía de George Floyd hace ahora poco más de tres años en Mineápolis contribuyó a abrir los ojos de buena parte de Estados Unidos y del resto mundo a un grave y serio problema de uso excesivo de fuerza y racismo en los cuerpos del orden. Para muchos en las comunidades afectadas, y en Mineápolis en particular, esa era una realidad conocida. Y este viernes el Departamento de Justicia, tras una exhaustiva investigación de más de dos años, ha publicado un feroz informe que constata con demoledor detalle la extensión de lo que esas comunidades denunciaban, a menudo sin que sirviera de nada.

"El Departamento de Justicia tiene causa razonable para creer que el Departamento de Policía de Mineápolis y la ciudad participan en patrón o práctica de conducta que priva a la gente de sus derechos bajo la constitución y la ley federal", reza el documento de 92 páginas, construido tras estudiar lo sucedido años antes y después del asesinato de Floyd. "Usa fuerza no razonable, viola derechos de la primera enmienda y discrimina en base a raza y discapacidad".

Fueron esos patrones y prácticas los que "hicieron posible lo que le pasó a George Floyd", ha dicho en una rueda de prensa el fiscal general de EEUU, Merrick Garland, que ha presentado junto a otras autoridades federales y locales el documento. Este asegura que la policía local "también carece de salvaguardas sistémicas que puedan prevenir esos abusos o lidiar con ellos, como una rendición de cuentas efectiva, entrenamiento riguroso, supervisión robusta y apoyo adecuado para los agentes". Y hace 28 recomendaciones para acabar con los abusos sistémicos y la discriminación.

Reforma a gran escala

El titular de Justicia también ha anunciado que su departamento y las autoridades municipales han alcanzado un principio de acuerdo para negociar lo que se conoce como "un decreto de consentimiento": un pacto para una reforma a gran escala de la policía que se firmará y deberá implementar bajo supervisión judicial.

Aunque ya el año pasado otra investigación estatal apuntó a la problemática realidad en Mineápolis e hizo que se iniciaran pasos hacia la reforma, es mayor el alcance y peso del gobierno federal. Bajo la Administración de Joe Biden ya se han abierto otras investigaciones similares en lugares como Phoenix y Oklahoma. Y la reforma en Mineápolis puede servir como hoja de ruta a nivel nacional conforme el Gobierno del demócrata trata de impulsar una transformación de las fuerzas del orden.

Tanto en la rueda de prensa como en el informe se ha hecho una radiografía escalofriante de la realidad que han vivido los ciudadanos de Mineápolis, especialmente dura y discriminatoria hacia personas negras, nativas americanas y con problemas de discapacidades mentales, pero que ha afectado también a manifestantes o periodistas.

Uso de fuerza injustificado

Se detalla, por ejemplo, el "uso rutinario de fuerza excesiva, a menudo cuando esa fuerza no es necesaria, incluyendo uso de fuerza injustificado y letal o uso no razonable de los taser", las pistolas de descargas eléctricas. Y entre enero de 2016 y agosto de 2022, por ejemplo, una "porción significativa" de 19 tiroteos cometidos por la policía fueron usos inconstitucionales de fuerza letal, al llegar los disparos "sin determinar antes si había amenaza inmediata de daño para agentes u otros".

Es algo que en la comparecencia ante los medios se ha ejemplificado con el caso de una mujer que en 2007 llamó para denunciar una posible agresión sexual y murió a manos de un policía que se "asustó" cuando al responder a la llamada la mujer se acercó al coche patrulla. Otro caso que se ha destacado es el de un agente fuera de servicio que, solo tres segundos después de salir de su vehículo, disparó a un coche con seis personas.

El informe también ha concluido que "de forma rutinaria" los agentes "desdeñan la seguridad de la gente en su custodia". Y ha constatado que, además de George Floyd, que murió tras haber dicho repetidamente que no podía respirar mientras Derek Chauvin tenía la rodilla en su cuello y otros agentes le ayudaban a inmovilizarlo, se han dado numerosos incidentes en que los policías responden a detenidos que dicen "no puedo respirar" con una versión de "puedes respirar, estás hablando".

También ha determinado que los agentes siguieron usando las tácticas de ahogo incluso cuando se prohibieron en junio de 2020.

Discriminación y pasividad

La investigación ha reafirmado también que los agentes patrullaban de forma diferente según la composición racial del barrio en que estuvieran, sin que hubiera una razón legítima o relacionada de seguridad.

Enumera capítulos que ejemplifican esa discriminación. Y muestra como, tras el caso de Floyd, trataron de eludir el registro de información que pudieran señalar a sus actitudes cuestionables. Los datos de raza o género en informes sobre paradas de tráfico, por ejemplo, pasaron de incluirse en el 71% de los casos a hacerlo solo en el 35%.

El documento constata que aunque muchos ciudadanos llevaban tiempo denunciando los problemas esas quejas caían en saco roto. Y se veían a menudo lastradas por la lentitud en la investigación de las malas conductas denunciadas. Un 53% de esas investigaciones estaban sin resolver después de un año de pesquisas, y más del 26% seguían irresueltas tras dos años de investigación.

El alcalde, Jacob Frey, ha participado en la presentación de un informe que, ha asegurado, "abre un nuevo capítulo en la historia de Minneapolis". "Entendemos que el cambio no es negociable", ha declarado.

También ha hablado ante la prensa Brian O'Hara, actual jefe de la policía. "Reconocemos el dolor, la rabia, la frustración, el miedo y la sensación de vulnerabilidad que mucha gente en nuestra comunidad ha soportado", ha dicho.