China controlará el intercambio de archivos por Airdrop y Bluetooth por motivos de "seguridad nacional"

China acabará con uno de los pocos ángulos muertos de su maquinaria censora. Son los sistemas de intercambio inalámbrico de archivos que habían usado activistas y disidentes en las últimas protestas. El Bluetooth o el Airdrop serán fiscalizados en breve para "proteger la seguridad nacional y los intereses públicos y sociales", ha aclarado China.

La propuesta de ley ha sido presentada por la Administración del Ciberespacio de China, el principal brazo censor del país, y será aprobada el 6 de julio tras el periodo de consulta pública. Prohíbe la creación y envío de contenido "ilegal y dañino" y obliga a los particulares a denunciar las violaciones. Las plataformas que proporcionan los servicios obligarán a sus usuarios a registrarse con su nombre real y a controlar las aplicaciones susceptibles de "movilizar al público" o estimular la "expresión pública", añade la iniciativa. También se incluirá la opción de una "lista negra" para que el particular incluya contactos con los que no desea compartir archivos.

El servicio AirDrop de Apple ofrece las ventajas que ansían los activistas: permite compartir archivos a través de Bluetooth con los teléfonos u ordenadores cercanos de extraños sin revelar su identidad ni usar las redes centrales que son monitorizadas por la ciberpolicía. Google cuenta con similar tecnología para transferir datos a través de Bluetooth o wifi y fabricantes chinos como Oppo o Xiaomi permiten la conexión directa de sus aparatos. Son las escasas grietas de su Gran Muralla Cibernética.

El precedente de Hong Kong

Del intercambio cercano y anónimo de archivos como arma para movilizar a los activistas se supo por primera vez en Hong Kong en 2019. Aquellas protestas masivas que sacudieron la excolonia requerían de agilidad y el Airdrop sirvió, además de vehículo de transmisión de consignas políticas y panfletos, para indicar en tiempo real los nuevos escenarios a los que dirigirse tan pronto aparecía la policía. Regresó en octubre pasado en Shanghái en un contexto sensible: con buena parte de la población aún iracunda tras casi tres meses encerrada por la política de cero covid y el inédito tercer mandato presidencial otorgado a Xi Jinping. Las críticas al líder chino fluyeron sin bridas en la capital económica china a través de Airdrop.

No ha explicado aún Apple por qué poco después afeitó su servicio en China. Sus usuarios disponen desde entonces de diez minutos para recibir archivos de extraños y, transcurrida esa ventana, sólo llegarán los de sus contactos. La multinacional de la manzana ya recibió dos años atrás un alud de críticas tras saberse que guardaba los datos de sus usuarios chinos en servidores situados en el país asiático. La compañía prometió que la información no corría peligro mientras algunos expertos la culpaban de "darle la llave al Gobierno".

La propuesta de ley obliga a los proveedores del servicio a impedir la diseminación del contenido ilegal, guardar la información relevante y comunicar sus hallazgos a las autoridades. Son los viejos dilemas: acatar las leyes chinas o renunciar a un mercado de 1.400 millones de usuarios, fumarse los principios o cuadrar las cuentas.