Singapur aplica la pena de muerte a un preso por traficar con un kilogramo de marihuana

 La familia de Tangaraju Suppiah acudió este miércoles a la cárcel singapuresa de Changi para recibir su cuerpo y certificado de defunción. Había muerto en la horca a las 6 de la mañana tras haber fracasado todos los intentos de posponer el paseo al cadalso: las súplicas de clemencia presidencial, los recursos legales y un coro global que incluyó a la UE, la ONU, organizaciones de derechos humanos e incluso el magnate británico Richard Branson.

Suppiah, de 46 años, murió por un kilo de marihuana. Había sido condenado en 2018 por su complicidad en contrabando de narcóticos a pesar de que nunca la tocó ni recogió. La fiscalía le acusó de poseer dos teléfonos móviles desde los que fue coordinada la operación. Él lo negó todo, alegó haber perdido uno y no saber nada del otro. Sus defensores han descrito un proceso alejado de los estándares internacionales. El grueso de las evidencias fueron recabadas durante el interrogatorio policial, sin abogado ni traductor de tamil. El pasado año, cuando el tribunal revisaba su caso, hubo de representarse a sí mismo.

Agotados los cartuchos legales, no quedaba más esperanza anoche que el indulto. Su familia filmó un video pidiendo al mundo que siguiera presionando al presidente, Halimah Yacob, y alabando al reo. “Mi tío es un hombre muy bueno. No tiene educación ni dinero pero se ha esforzado mucho en cuidarnos”, decía su sobrina.

Proceso legal dudoso

La ridícula cantidad de droga y el mejorable proceso legal ha engordado la atención sobre el caso. Las oficinas de la UE y la ONU en la ciudad-estado habían pedido la anulación de la sentencia. Amnistía Internacional habló de los “numerosos defectos” del procedimiento y Human Rights Watch juzgó que la pena de muerte por posesión de drogas “es una crueldad y provoca que el mundo retroceda y se pregunte si la imagen de un Singapur civilizado y moderno es sólo un espejismo”. El Colectivo Transformador de la Justicia, una asociación abolicionista local, afirmó que el caso se basaba “mayoritariamente en pruebas circunstanciales y deducciones”. Branson dijo en sus redes sociales que Suppiah nunca estuvo cerca de la droga y alertó de que Singapur podía ejecutar a un inocente.

Singapur tiene las espaldas anchas. Ha sido esta su primera ejecución del año pero el anterior contó once y casi todas catalizaron campañas similares. Las cíclicas reprobaciones globales explican que el tribunal avise ahora a la familia con apenas cuatro o cinco días de antelación.

Campañas sociales

Ninguna campaña fue más fragorosa que la que siguió a la muerte de Nagaenthran Dharmalingam, malasio condenado por 43 gramos de heroína y al que estudios médicos le atribuyeron un retraso mental. Incluso en la sociedad singapuresa, mayoritariamente entusiasta de la pena de muerte, hubo protestas. No fueron nada exagerado: algo de ruido en las redes sociales y 400 personas en un parque porque el margen para la disensión en Singapur es exiguo.

El Gobierno defiende la pena de muerte por el apoyo social y su presunta eficacia disuasoria. Al Ministerio de Interior se le ha acumulado la faena en las últimas horas. Ha afirmado que la culpabilidad de Suppiah ha sido demostrada “más allá de cualquier duda razonable” tras tres años de investigaciones, ha acusado a los críticos de “faltarle el respeto” a los jueces y el sistema judicial y ha ensalzado la pena de muerte como un “componente esencial” de una estrategia compleja que “mantiene la seguridad” en el país.