Terremoto político en EEUU

Trump, imputado: ¿Qué puede pasar ahora? ¿Puede ser presidente?

ESPECIAL MULTIMEDIA | Donald Trump, contra las cuerdas de la justicia

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Las consecuencias judiciales y políticas de la presentación de cargos penales contra el expresidente por el pago a Stormy Daniels

El expresidente de EEUU, Donald Trump, durante el mitin que ofreció el pasado domingo en Waco, Texas.

El expresidente de EEUU, Donald Trump, durante el mitin que ofreció el pasado domingo en Waco, Texas. / BRANDON BELL / GETTY IMAGES / AFP

Idoya Noain

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Donald Trump ha sido imputado por un gran jurado de Nueva York, el primer expresidente de la historia de Estados Unidos que enfrenta cargos penales. La falta de precedentes de esta imputación histórica mete al país ahora en terrenos desconocidos, y aunque todas las consecuencias políticas y judiciales se irán determinando conforme avance el proceso legal, ya hay algunas que pueden adelantarse.

El procesamiento

El primer paso tras la imputación, si se siguen los procedimientos habituales en Nueva York, es un contacto entre la oficina de la fiscalía que dirige el demócrata Alvin Bragg con los abogados de Trump para coordinar su entrega a las autoridades. Podría resistirse, lo que forzaría a que fuera arrestado (y, en caso de estar en Florida, obligaría a que fuera extraditado desde ese estado), pero desde el campo de Trump se ha dado a entender que no lo hará y se entregará voluntariamente.

Una vez en custodia, Trump será procesado y fichado, con huellas dactilares y fotografías. No está claro si sería esposado para comparecer ante el juez en la primera vista de instrucción del caso, tras la que quedará libre sin fianza al tratarse de un caso sin delitos violentos.

El juicio

Los casos penales en Nueva York tardan de media más de un año desde que se produce la imputación hasta que se inicia el juicio, según le ha explicado a Reuters Karen Friedman Agnifilo, que trabajó en el pasado en la fiscalía de distrito de Manhattan que ahora ha liderado el proceso contra Trump.

No se puede asegurar que el caso acabe llegando a juicio. Trump, en su larga historia de choques con la justicia, ha acostumbrado a emplear agresivos contraataques y tácticas dilatorias. Podría intentar que se desestimen los cargos argumentando que que se trata de una "caza de brujas" y "políticamente motivada", algo que dice de todas las investigaciones abiertas y casos planteados contra él desde que llegó a la Casa Blanca.

Hay, además, otras avenidas legales de recursos que puede seguir su defensa. Para elevar a delito la falta por falsificación de documentos con que se trató de ocultar el pago a Stormy Daniels, la fiscalía ha asegurado que la falsificación se produjo para ocultar otro crimen: concretamente una violación de leyes de campaña. Pero no hay precedentes de esa combinación legal y muchos analistas legales creen que la defensa de Trump usará ese novedoso enfoque para recurrir contra la imputación.

Además, los abogados de Trump podrían tratar de escudarse en que el supuesto delito ha prescrito. La ley estatal de Nueva York permite prolongar esos plazos si el acusado ha pasado tiempo fuera del estado durante los cinco años de límite, aunque la defensa de Trump podría intentar argumentar que la presidencia no debe considerarse una ausencia normal.

Si pese a recursos y batallas legales acaba teniendo lugar un juicio, este podría pillar a Trump en medio de la campaña de 2024 o incluso después de las elecciones presidenciales. Y si Trump fuera el nominado de su partido y el vencedor, no hay precedentes de cómo podría funcionar la justicia. De lo que hay certeza es que, aunque fuera presidente, no podría perdonarse a sí mismo por los cargos estatales (la autoridad presidencial se limita a casos federales).

Trump podría además sumar imputaciones en más casos abiertos en su contra. Está sujeto a dos investigaciones federales penales: por el asalto al Capitolio y por el manejo de material clasificado tras abandonar la Casa Blanca y posible obstrucción en ese caso. Afronta además una investigación penal estatal por posible injerencia en las elecciones en el estado de Georgia, otra civil en Nueva York por sus prácticas empresariales y una demanda civil también en Nueva York de una mujer que le acusa de haberle violado en los años 90.

El caso político

Trump, que desde noviembre es formalmente candidato para lograr la nominación presidencial republicana en 2024, puede seguir en esa carrera. Y el consenso entre los analistas es que la imputación puede beneficiarle políticamente a corto plazo, pero representa más riesgos que ventajas al largo.

Trump lleva ya más de una semana centrando de nuevo la atención, algo que siempre es oxígeno para él. La cobertura mediática equivale a millones de dólares en publicidad gratuita. Además, ha usado la posibilidad de ser imputado para disparar su recaudación de fondos, así como para movilizar a sus seguidores, a los que ha vuelto a inyectar energía. Como de costumbre, ha conseguido hacer calar el mensaje de que los casos en su contra, aunque sean tan personales como el de Stormy Daniels, son una supuesta persecución de sus seguidores.

Desde que se inventó que sería arrestado la semana pasada, Trump también ha mostrado el poder que aún mantiene en el Partido Republicano, que se había empezado a poner en entredicho especialmente tras el asalto al Capitolio y los malos resultados republicanos en las legislativas de noviembre, en parte por su empeño en seguir defendiendo la gran mentira de un inexistente fraude electoral en las presidenciales del 2020. Numerosos líderes conservadores han salido en su defensa y tres republicanos que presiden comités en la Cámara de Representantes, ahora bajo su control, han puesto a trabajar su poder legislativo para tratar de fiscalizar a la fiscalía.

El caso también ha forzado a pronunciarse a potenciales rivales de primarias de Trump, especialmente el gobernador de Florida, Ron DeSantis; y el exvicepresidente, Mike Pence. Necesitados de no perder el apoyo de la base más fiel a Trump, ambos han criticado al fiscal Bragg. Pero a los dos les beneficiaría un Trump debilitado. Y DeSantis, que es visto como su máximo rival, también aprovechó sus primeras declaraciones para lanzar un ataque nada sibilino, asegurando que él no sabe "nada personalmente de lo que está relacionado con pagar dinero a una estrella porno para asegurar silencio sobre algún tipo de supuesto affaire".

Nate Cohn, principal analista político de 'The New York Times', es uno de los que ha identificado los potenciales beneficios políticos a corto plazo pero también cree que Trump afronta más riesgos que ventajas, incluyendo que la imputación anime a más votantes republicanos moderados a buscar una alternativa a Trump. Es una idea que también ha expresado Liam Donovan, un estratega republicano. "La escalada legal sería un golpe significativo en unas elecciones generales en las que necesita ampliar su apoyo, pero cualquier acontecimiento que polariza las primarias en términos de sentimientos a favor o en contra de Trump solo sirve para reforzar su apoyo base", le ha dicho al 'Times'.

El caso social

Hay incertidumbre sobre la respuesta social que puede haber a la imputación de Trump. Entre sus seguidores está asentada la idea de que se trata de una persecución política pero no se sabe cómo pueden reaccionar.

En foros y comunidades online de la derecha se habla de responder a las múltiples llamadas de Trump a realizar protestas y se ha identificado lenguaje similar al que precedió al asalto al Capitolio el 6 de enero, tanto del expresidente como de sus seguidores más radicales. Pero el procesamiento judicial de centenares de personas que participaron en aquella insurrección, con decenas ya condenados y encarcelados, ha empujado también a actuar con precaución.

Dan Bognino, una estrella de la derecha, en una aparición en Fox News urgió a los espectadores a protestar "pacíficamente". "A la gente de la izquierda nada le gustaría más que tener una excusa para meteros también en la cárcel", les dijo. Y en la web de noticias de extrema derecha Gateway Pundit se llamó a una huelga nacional en un editorial. "No violencia, No guerra civil. No podemos arriesgar otro 6 de enero, donde se nos retrate como terroristas violentos o insurrectos".

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