Reforma de las pensiones
Francia plantea elevar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años
El Gobierno francés presenta una reforma que alarga dos años la edad mínima para dejar de trabajar
El conjunto de sindicatos y partidos de izquierdas se oponen a la medida y preparan su respuesta en la calle
En plena crisis energética y de la inflación, el Gobierno francés apuesta por tocar uno de los pilares más sensibles del avanzado modelo social galo: las pensiones. La primera ministra francesa, Élisabeth Borne, anunció este martes una reforma —o contrarreforma, según sus detractores— del sistema de jubilación que alargará de los 62 a los 64 años la edad mínima (con 42 o 43 años cotizados) para retirarse de la vida laboral. El Ejecutivo de Emmanuel Macron defendió la necesidad de esta medida para "preservar" el sistema de pensiones. Un argumento que no convence al conjunto de los sindicatos y la oposición de izquierdas. Ya preparan su respuesta en la calle a partir de la semana que viene.
"Proponemos a todos aquellos que puedan que trabajen más tiempo. Esta misma apuesta ya la hicieron los gobiernos precedentes de derechas y de izquierdas", así como "todos nuestros vecinos europeos", aseguró Borne en una rueda de prensa por la tarde en Matignon. "Esta ambición ya había sido llevada con toda transparencia por el presidente de la República", añadió. Durante la campaña de las presidenciales de abril, Macron ya había prometido que alargaría hasta los 65 o 64 años la edad de jubilación, siendo una de sus propuestas más comentadas y criticadas.
¿Alargar la edad de jubilación hasta los 65 o 64 años? Era una de las dudas que planeaba sobre el debate político francés. Finalmente, esta apuesta por los 64 años resulta una concesión para Los Republicanos (afines al PP en Francia), cuyos votos se auguran cruciales para que salga adelante esta impopular medida en la Asamblea Nacional, en que el macronismo no dispone de mayoría absoluta. El hecho de alargar dos años, en lugar de tres, la edad legal de jubilación vendrá acompañado por un endurecimiento del periodo de cotización para recibir una pensión completa. Este será de 43 años a partir de 2027, en lugar de 2035 como está previsto en la legislación actual.
Frente sindical unido contra la reforma
El texto será examinado el 23 de enero en el Consejo de Ministros. Está previsto que empiece a debatirse en el Parlamento en febrero y se aplique de manera progresiva a partir del verano, alcanzando los 64 años en 2030. Estos planes del Ejecutivo se enfrentarán a la oposición de la izquierda, los sindicatos y la mayoría de los franceses.
"Sin ninguna sorpresa. Se trata de una regresión brutal. ¡Movilicémonos al lado del frente sindical!", criticó en Twitter el secretario general del Partido Socialista, Olivier Faure. Tras reunirse por la tarde, el conjunto de dirigentes sindicales anunció para el 19 de enero una primera jornada de protestas y huelgas sectoriales. Según un sondeo reciente del instituto Elabe, hasta un 72% de los franceses se oponen a retrasar la edad mínima de jubilación.
Esta oposición se corresponde al hecho de que se trata de la reforma más dura de las pensiones en Francia desde 2010. El conservador Nicolas Sarkozy alargó entonces la edad mínima de los 60 a los 62 años. Macron ya había intentado reformar el sistema de pensiones a finales de 2019. Su primera tentativa chocó con una oleada de protestas —con jornadas de huelgas con más de un millón de personas en la calle— y la pandemia del covid-19. Al final quedó guardada en un cajón. La reforma actual resulta distinta, aunque comparte con la de 2019 un mismo objetivo: limitar o incluso reducir el gasto público en pensiones.
Francia destina un 14% de su PIB a las jubilaciones, una cifra superior a la de España (11,8%), pero inferior a la de Italia (16%). Su modelo comporta la ventaja de garantizar a los jubilados un nivel de vida parecido al que tenían durante la vida activa, siendo uno de los países europeos con un menor porcentaje de gente mayor pobre.
"Sacrificio de los más modestos"
"El equilibrio (del sistema de jubilación) está amenazado y es un hecho incontestable; su déficit será de 13.700 millones a partir de 2030", advirtió el ministro de Economía, Bruno Le Maire, sobre una cifra que equivale al 4% del gasto en pensiones. "No podemos decir que el sistema esté en peligro. El déficit no es explosivo", responde en una entrevista para el digital Mediapart el economista Antoine Bozio, que fue uno de los arquitectos de la reforma de 2019 y ahora se opone a la nueva medida: "Aquellos que empezaron a trabajar pronto (…) serán los más afectados".
El modelo actual tiene la particularidad de establecer una baja edad legal de jubilación (62 años), pero un largo periodo de cotización (42 o 43 años). Eso establece una diferencia entre aquellos que no hicieron estudios superiores y empezaron a trabajar antes en empleos físicamente exigentes, que pueden jubilarse antes, y los franceses con carreras universitarias que ya suelen jubilarse a los 64 o 65 años, o incluso más tarde. "Con su reforma de las pensiones, el poder se prepara para hacer todo lo contrario" de pedir un mayor esfuerzo fiscal a los más ricos. "Su objetivo es hacer unos ahorros de 20.000 millones de euros (…). El problema es que estos 20.000 millones se harán a partir del sacrificio de los más modestos", critica el economista Thomas Piketty en un artículo para Le Monde.
No obstante, la nueva reforma no solo exigirá sacrificios, sino que también incorpora algunas concesiones sociales. Borne anunció que aumentarán unos 100 euros las pensiones más bajas y estas se situarán en 1.200 euros. Solo se beneficiarán, sin embargo, de esta pensión mínima aquellos que hayan cotizado una carrera completa (42 años cotizados), a pesar de que la mayoría de los jubilados pobres son aquellos que no cumplen con esta condición.
El texto también promoverá las prejubilaciones para los que empezaron a trabajar a los 16 o 18 años, además de aquellos que ejercen oficios con condicionantes físicos que afectan a la esperanza de vida, como el trabajo nocturno o la exposición a la contaminación. Además, pedirá a las empresas que informen sobre su porcentaje de empleados mayores, dado el elevado nivel de desempleo en este sector población. Unas concesiones que difícilmente contentarán a los sindicatos. Ya se preparan para dar la primera gran batalla social del segundo mandato de Macron.
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