En prisión preventiva
Condenado a cadena perpetua un activista de los DDHH turco por “intentar derrocar al Estado”
Osman Kavala es acusado de instigar las protestas de Gezi de 2013, y lleva en prisión preventiva desde octubre de 2017
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha reclamado en varias ocasiones su libertad, y Turquía ahora entra en un proceso de ser sancionada e incluso expulsada del Consejo de Europa
Adrià Rocha Cutiller
Periodista
Después de pasar 1.637 días en prisión preventiva, Osman Kavala, activista por los Derechos Humanos, opositor y filántropo turco ha sido condenado este lunes a cadena perpetua por haber “intentado derrocar al Estado”. Kavala lleva cuatro años y cinco meses en la cárcel: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha fallado en varias ocasiones a favor del activista, ordenando al gobierno turco que lo ponga en libertad por ser su encierro “arbitrario e ilegal”.
El gobierno turco de Recep Tayyip Erdogan, sin embargo, siempre ha hecho caso omiso a las órdenes: Erdogan ha asegurado en varias ocasiones que Turquía no sigue los dictámenes de tribunales extranjeros, pese a que esté obligada —como es en este caso— a hacerlo.
En su veredicto de este lunes, el tribunal de Estambul ha establecido que “ha quedado demostrado que el acusado intentó derrocar al gobierno”, por lo que Kavala ha sido condenado a cadena perpetua, aunque, después, ha sido absuelto de los cargos que pesaban contra él por "espionaje". Tras esta decisión, la sala del tribunal ha estallado con abucheos de los observadores en contra del juez.
Una de las pruebas que se han esgrimido en contra de Kavala, por ejemplo, era un mapa de Turquía que la policía encontró en su casa. En el mapa, el país anatolio estaba dividido en varias regiones, según las especies de abejas que habitan en cada una de ellas. Según la fiscalía turca, este mapa, en realidad, escondía los planes de Kavala: la teoría era que el filántropo pretendía desmembrar y dividir a Turquía entre varios nuevos países.
Observadores internacionales
“La cadena perpetua que se pide en mi contra no se puede explicar a través del sistema legal ni como un error. Es un asesinato realizado a través de la instrumentalización política de la judicatura”, ha dicho Kavala en su último turno de palabra en el juicio el juicio, al que han atendido representantes de varias embajadas occidentales en calidad de observadores. En octubre del año pasado, de hecho, diez embajadores extranjeros firmaron una carta conjunta pidiéndole a Turquía que liberase a Kavala y que aplicase la decisión del TEDH.
Turquía no solo no acató, sino que amenazó con declarar persona ‘non grata’ a estos diplomáticos, entre los que se encontraban los embajadores de Francia, Alemania y Estados Unidos entre otros. Al final, ningún representante extranjero fue expulsado, pero el presidente turco mandó un mensaje claro: el destino de Kavala, a quien Erdogan llama el “brazo de George Soros en Turquía” se decidiría únicamente en el país anatolio.
Ahora, Turquía se expone a ser sancionada por el Consejo de Europa por no acatar una decisión en firme del TEDH. El proceso que se abrirá ahora en contra de Turquía, aseguran los expertos, será largo, y podría terminar con la expulsión del país anatolio del órgano internacional.
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