Conmoción en Colombia por una nueva masacre de 11 campesinos

Los números asustan. A lo largo de 2020 y 2021 se perpetraron en Colombia 187 masacres con un total de 719 muertos. Hasta el 3 de abril de este año se han registrado 32 episodios similares, con 117 víctimas fatales. Uno de ellos ha tenido lugar en la frontera con Ecuador y vuelve a señalar por estas horas al Gobierno de derechas de Iván Duque quien, desde Nueva York, donde se propone explicarle a las Naciones Unidas su política de derechos humanos, elogió la operación del Ejército en el remoto pueblo de Alto Remanso. Allí, 550 kilómetros al sur de Bogotá, fueron asesinadas 11 personas, entre ellas un menor, una embarazada y la autoridad de la comunidad originaria Kichwa. El Gobierno dijo que la acción militar buscaba capturar a Carlos Emilio Loaiza, alias Bruno, jefe del frente 48 de las llamadas disidencias de las FARC que no han aceptado el acuerdo de paz de 2016. Organizaciones de derechos humanos sostienen sin embargo que siete de los muertos eran de origen campesino y denunciaron la manipulación de las pruebas.

Lo ocurrido en Alto Remanso, sostuvo el diario bogotano El Espectador "tiene varias y muy serias inconsistencias y contradicciones”. "Había decenas de civiles. El Ejército entró disfrazado de guerrilleros", señaló José Guarnizo, director de Vorágine. Gustavo Petro, el candidato de izquierdas que encabeza las encuestas de cara a las presidenciales del 29 de mayo, habló de un "crimen de guerra". Sus rivales de derecha y centro, Francisco Gutiérrez y Sergio Fajardo, reclamaron una investigación seria. "Esta fue una operación de marcada en el Derecho Internacional Humanitario (DIH)", aseguró por su parte el jefe del Ejército de Colombia, el general Eduardo Zapateiro.

El Congreso se ha convertido este lunes en caja de resonancia de la controversia. Han irrumpido voces que proponen una moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano. La gestión Duque ha estado atravesada por situaciones críticas en esa cartera. El primero de sus ministros de esa área, Guillermo Botero, tuvo que dimitir cuando se conoció el ocultamiento de la muerte de ocho menores de edad durante un bombardeo. "Mientras la justicia avanza en la determinación de las responsabilidades penales de estos gravísimos hechos, lo mínimo en un Estado democrático es que se asuman responsabilidades políticas. En ese orden de ideas, el ministro Diego Molano debería renuncia", dijo Guillermo Rivera, columnista de El Espectador.

Duque respaldó a Molano. "La operación tenía planificación, tenía información de inteligencia, tenía información precisa sobre la presencia de cabecillas y miembros de células terroristas y narcotraficantes en ese lugar del territorio. Se procedió con una información clara", dijo desde Nueva York, antes de presentarse ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde debe hacer un balance de la implementación del Pacto de La Habana que puso fin al enfrentamiento de medio siglo entre el Estado y las Farc. Duque, un delfín de Álvaro Uribe, asumió dos años más tardes y nunca disimuló su rechazo a algunos términos del acuerdo.

Balance crítico

"Durante los cuatro años del Gobierno de Duque se registró un grave deterioro de la situación de derechos humanos en Colombia, sin que el primer mandatario lo considerase un asunto prioritario, al contrario, ha hecho ingentes esfuerzos por justificar a los agentes estatales que ocasionaron algunos de esos hechos y ha mostrado nula empatía con las víctimas", estimó Héctor Riveros, columnista del portal La Silla Vacía. "La displicencia con la que su Gobierno recibió el encargo de implementar el acuerdo que permitió la desmovilización de la guerrilla de las FARC, aunado al uso permanente de un discurso estigmatizante enmarcado en una concepción anti comunista, propia de la Guerra Fría, llevó a que durante la primera parte de su Gobierno se desatara una cruenta arremetida contra líderes sociales y desmovilizados, sin que Duque se diera por aludido y, por el contrario, quiso siempre minimizar la gravedad de los hechos y trato de encontrar justificaciones derivadas de supuestos enfrentamientos entre personas al margen de la ley".

"Lo que pasó en Putumayo es inaudito y desgraciadamente común", dijo Ingrid Betancourt, una cautiva de las FARC que fue liberada en 2008 durante la llamada Operación Jaque. La candidata presidencial centrista relacionó el reciente episodio con los casos de "falsos positivos", como se conocieron las ejecuciones extrajudiciales de 6403 civiles realizadas por fuerzas de seguridad contra civiles y que se hicieron pasar como acciones contrainsurgentes. "Esto es muy grave, porque suponiendo que hubieran querido encontrar a delincuentes, tenían toda la posibilidad frente a una población inerme de verificar las identidades de cada uno de los que estaban ahí presentes. No tenían ninguna excusa, no hay ninguna justificación para esa cacería, matando a las personas de lejos y escondidas".