Presionado por la oposición, Pedro Castillo suspende el estado de emergencia en Lima

Volver sobre sus pasos se ha convertido una especialidad del presidente peruano Pedro Castillo. El presidente había decretado el estado de emergencia en Lima y el Callao, la ciudad portuaria lindante, como consecuencia de las protestas de los agricultores y la Unión Nacional de Transportistas y la Confederación Nacional de Transportistas. La presión opositora en favor de la suspensión de la medida fue tan intensa que el maestro rural de izquierdas la anuló pocas horas después de que entrara en vigencia. "Desde este momento, vamos a dejar sin efecto esta orden de inamovilidad. Corresponde a llamar a la tranquilidad al pueblo peruano", dijo durante una reunión en el Congreso.

Los dos principales centros urbanos del país habían paralizado y sus habitantes, buena parte de ellos inmersos en el circuito de la economía informal, no encontraron buses ni taxis para desplazarse. Solo aquellos peruanos que trabajan en servicios esenciales del Estado tuvieron permiso para abandonar sus casas. El malestar de la población capitalina y sus alrededores desembocó en una protesta en la tarde del martes, a pesar de que el estado de emergencia había sido dejado de lado por el Gobierno. Varios policías resultaron heridos.

Cada movimiento que da Castillo, encuentra su correspondiente obstáculo y una lluvia de críticas desde distintos sectores que profundizan el deterioro de su imagen. Antes de que comenzara a regir esta medida, que la Defensoría del Pueblo ha calificado de "inconstitucional" por considerar que no está diseñada "para contener conflictos sociales", casi un 70% de la población desaprobaba el desempeño del maestro rural de izquierdas.

"Falta de capacidad para controlar la huelga", dijo el diario Perú 21. "El caos social se hace patente ante un Gobierno que continúa sin brújula, extraviado entre escándalos de corrupción y un gabinete, que ni a la sombra ni a la luz del día logra dar pie con bola". Para La República, Castillo ha dado la "peor respuesta" posible a la nueva crisis.  "Necesitamos reforzar los mecanismos democráticos para superar la crisis que está tocándonos la puerta. No hay espacio para ninguna tregua ni nuevo plazo concedido al actual Gobierno. O gobierna y resuelve dentro de la ley o da un paso al costado porque no ha sabido dar la talla". El presidente ha evitado dos veces desde diciembre que se aprobara una moción de censura por "incapacidad moral".

Temor a saqueos

Curiosamente, el exalmirante y legislador de la derechista Renovación Popular, Jorge Montoya, uno de los más vehementes impulsores del juicio político contra el mandatario, se erigió en la mañana del martes como uno de los más ardientes defensores del estado de emergencia. "La medida es muy dura, muy drástica y ha sido porque la información que se tiene, al menos que me ha llegado a mis oídos, es que hoy día pensaban saquear Lima, bajar de los cerros a saquear la ciudad, no solamente acá sino en diferentes lugares del país, pero la capital es un sitio emblemático y hay que protegerla". La pobreza en Perú afecta al 30% de la población.

Castillo asumió el cargo el pasado 28 de julio después de vencer en segunda vuelta y por escasos miles de votos a Keiko Fujimori. Desde entonces no tuvo sosiego, al punto de haber cambiado cuatro veces su equipo de ministros. El presente conflicto no ha sorprendido a los especialistas. Durante su campaña electoral, el maestro rural había prometido políticas públicas destinadas a fortalecer la agricultura familiar y beneficios al sector del transporte, que se queja desde hace años de los altos precios del peaje en las carreteras o la inseguridad. Ambos sectores resolvieron iniciar medidas de fuerza para que el Gobierno cumpla con su palabra empeñada ante el electorado.

Otros conflictos

Los frentes de tormenta se multiplican para Castillo. La fiscalía lo investiga por presunto tráfico de influencias. Como si eso fuera poco, dos de sus sobrinos y el ex secretario general de la presidencia cargan sobre sus espaldas sendas órdenes de arresto. Una reciente encuesta del Centro de Estudios Peruanos da cuenta de que el 71% de los entrevistados no vislumbra que el presidente concluya su período de Gobierno. La posibilidad de que, más temprano que tarde, el Congreso vuelva a la carga para destituirlo está en el aire.