Crisis política

Nicaragua ilegaliza seis oenegés de Europa y EEUU

Entre las organizaciones forzadas a suspender sus actividades en el país centroamericano está la española Oxfam- Intermón

Nicaragua ilegaliza la oenegé Oxfam Intermón.

Nicaragua ilegaliza la oenegé Oxfam Intermón. / Justin Tallis / Afp

Victoria Flores

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El Gobierno del presidente de Nicaragua Daniel Ortega ha decidido suspender las actividades en el país centroamericano de la oenegé española Oxfam Intermón por obstaculizar "el control y seguimiento" de sus cuentas y el origen y los beneficiarios de las donaciones que gestiona. La misma suerte han corrido otras cinco organizaciones humanitarias, dos más europeas y tres estadounidenses.

"Apenas nos enteramos ayer vía La Gaceta oficial del Gobierno, no fuimos informados directamente", asegura a El PERIÓDICO Simon Ticehurst, director regional de América Latina y el Caribe de Oxfam Internacional. Según las autoridades nicaragüenses las oenegés "han incumplido sus obligaciones conforme a las leyes que regulan a los organismos sin fines de lucro" al "no informar de los estados financieros conforme a períodos fiscales y juntas directivas del país de origen". También por "incumplir con requisitos legales establecidos para la recepción de donaciones e informar al Ministerio de Gobierno de las peticiones previas a su recepción".

Documentación entregada

Las autoridades acusan también a las oenegés de no tener "desgloses detallados de sus estados financieros", de no proveer de "convenios que definan claramente la fuente de financiación, cartera de proyecto, impacto social de los mismos y si están acorde a fines y objetivos de la situación". Asimismo, les reclaman "documentos de identidad de sus proveedores de fondos, así como la buena reputación de sus beneficiarios y de sus organizaciones asociados" y de no informar sobre la "identidad y origen de todos sus miembros donantes"

Ticehurst señala que han intentado entregar estos documentos "en varias ocasiones y no han querido recibirlos". "No hemos hecho nada ilegal en el país. Toda la información que solicitan la tenemos", explica y subraya que están "más que disponibles a entregar y compartir esa información".

Las organizaciones tienen 72 horas para entregar al Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación los libros contables, de actas y de registro de miembros "para su resguardo". Además, sus bienes y activos pasarán al Estado. "Estamos tratando de analizar como resolver esto dentro de un periodo muy corto", indica el director de la oenegé en la región.

Un total de 34 oenegés ilegalizadas

Según el diario nicaragüense La Prensa, la cancelación del estatus legal de estas organizaciones, además de afectar a la población beneficiada por sus proyectos, cierra "las oportunidades de financiación para las oenegés locales que también realizan trabajo comunitario". "Esta no es la primera vez que pasa", cuenta Ticehurst, que recuerda que a estas agencias se suman 34 nacionales más a las que el Gobierno del país ha anulado la personalidad jurídica desde 2018. Por eso, para Ticehurts, lo ocurrido no le ha sorprendido, aunque dice estar "muy decepcionado". "Nuestra aspiración y nuestro deseo era seguir apoyando al pueblo de Nicaragua", sostiene.

Las oenegés ilegalizadas se dedicaban a cooperar en zonas pobres y remotas, en los ámbitos de la pobreza, la educación, los derechos humanos, la salud, la nutrición, la seguridad alimentaria, la vivienda, la agricultura familiar sostenible, la gestión ambiental, el cambio climático o el acceso al agua. "Hay una situación económica y humanitaria difícil", comenta Ticehurst.

En un limbo

"Estamos en un limbo porque estamos intentando respetar y cumplir la legislación, pero si nos lo dificultan nos ponen en una situación difícil", señala el encargado regional. "Esperamos, en un futuro, poder seguir colaborando, como siempre", zanja.

Esta decisión tiene lugar en un momento en el que tanto Estados Unidos como Europa han aumentado la presión sobre Nicaragua después de que el Gobierno de Ortega detuviese en el mes de julio a 33 opositores. Entre los encarcelados hay siete rivales políticos que pretendían presentarse como candidatos en las elecciones presidenciales del 7 de noviembre.