Guerra abierta por el acceso a las urnas
Nuevo varapalo del Supremo a los derechos de voto en EEUU
La mayoría conservadora del Alto Tribunal respalda dos leyes restrictivas de Arizona que castigan a minorías
La decisión es mal presagio para retos al alud normas similares que los republicanos están impulsando
Idoya Noain
Corresponsal en EEUU
Corresponsal en Estados Unidos desde 2001.
Idoya Noain
En la cruenta guerra abierta desde hace años por los derechos de voto en Estados Unidos los republicanos se han anotado este jueves una importante batalla que es, además, presagio de muchos más potenciales triunfos para ellos. La sólida mayoría conservadora del Tribunal Supremo ha dado su respaldo a dos restrictivas regulaciones de Arizona que habían sido denunciadas al considerarse que castigan desproporcionadamente el acceso y los derechos de voto de minorías.
El impacto mayor puede salir de las fronteras del estado sureño. En la decisión de los seis jueces conservadores que controlan el Tribunal frente a los tres progresistas se lee claramente un posicionamiento que crea malos augurios para demandas de demócratas y grupos de derechos civiles contra leyes similares en todo el país que están aprobando los estados controlados por republicanos.
Esa campaña conservadora para restringir el acceso a las urnas, donde los progresistas identifican claros intentos de supresión de voto de las minorías, se ha intensificado desde que el Supremo en 2013 dio una estocada letal a la Ley de Derechos de Voto, desarticulando una provisión central de esa norma que desde 1965 prohibía leyes discriminatorias por cuestiones de raza. Las embestidas republicanas son incesantes y cada vez más intensas. Y la sentencia de este jueves les augura apoyo en la más alta instancia judicial del país.
Lugar específico
En el caso concreto de Arizona, el Supremo respalda dos medidas. Una permite eliminar las papeletas completas de quien haya votado en un distrito equivocado, aunque parte de las votaciones no requieren votar en un lugar específico. La otra convierte en un crimen que trabajadores para una campaña, activistas comunitarios y casi cualquier otra persona (con excepción de familiares, cuidadores y cargos de las elecciones) recoja papeletas para llevarlas a las urnas. Los progresistas defienden que esa práctica ayuda especialmente a personas de minorías, más pobres y con problemas de movilidad y acceso a transporte o correos. En cambio los críticos, incluyendo el expresidente Donald Trump, la denuestan como “cosecha de votos”, aunque no se ha demostrado que se haya dado fraude electoral en su uso.
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