Negro ayer, negro hoy

Fue también un viernes, 6 de agosto, en 1965. En la misma sala del Congreso de Estados Unidos en la que Abraham Lincoln había firmado en 1861 una norma liberando a esclavos de los confederados, Lyndon B. Johnson estampaba su firma en la ley de derechos de voto. Tras años de cruenta lucha por los derechos civiles, tiempo de sangre y linchamientos, de persecución y opresión, el presidente declaraba llegado el día en que «la historia de los negros y la historia estadounidense se unen y fusionan». Con la ley se ponía fin a la discriminación en las urnas de una raza esclavizada, segregada y maltratada. Así, al menos, así debía haber sido.

Cincuenta años después de aquel «triunfo de la libertad tan enorme como cualquier victoria lograda en un campo de batalla», según las palabras que usó también aquel día Johnson, muchos denuncian que esa ley que disparó no solo la participación sino también la elección de minorías raciales para cargos, está acosada y bajo continuos ataques.

El más demoledor llegó en el 2013, cuando el Tribunal Supremo anuló una parte esencial de la ley: la que obligaba a estados con una historia de discriminación racial a pedir aprobación del Departamento de Justicia antes de realizar cualquier cambio a sus normativas electorales. Y la decisión abrió la veda a maniobras legales que, ya incluso sin ese apoyo del Supremo, han sido norma común en los estados.

Límites y perjudicados

Desde el 2011, por ejemplo, 41 estados han aprobado 180 iniciativas legislativas que restringen el derecho al voto, según datos del Centro Brennan para la justicia. 34 estados han puesto en marcha leyes que endurecen los requisitos de identificación con fotografía para poder votar, 17 requieren prueba de ciudadanía, en 16 se intenta limitar el registro de votantes, incluyendo algunos donde se prohibe registrarse el mismo día de las elecciones, y en nueve tratan de reducir la ventana de tiempo para el voto anticipado.

El efecto de las leyes es visible y un estudio demostró, por ejemplo, que en Kansas y Tennessee, dos estados que empezaron a a aplicar leyes restrictivas, la participación bajó entre el 2% y el 3%. Los más perjudicados por las normas son, según demuestran todos los análisis, minorías raciales y jóvenes, grupos de votantes que tienden a votar demócrata.

Entre quienes más fuerte han alzado la voz alertando de lo que está ocurriendo está Barack Obama, el primer presidente negro del país. En marzo, en el 50 aniversario de la marcha de Selma a Montgomery (Alabama) -otro de los momentos clave en la lucha por los derechos civiles- habló en el puente Edmund Pettus de la ley de derechos de voto como «una de las cumbres de la democracia» antes de advertir de que «la culminación de tanta sangre, tanto sudor y tantas lágrimas, producto de tanto sacrificio frente a una violencia sin sentido, está debilitada, su futuro sujeto al rencor político». 

Ayer, en un coloquio retransmitido por internet, volvió a subrayar los peligros, a pedir a los estados que dejen de atacar el derecho a voto y a urgir al Congreso a aprobar «una versión actualizada (de la ley) que corrija los problemas que han surgido». El Supremo dejó la puerta abierta a la posibilidad de reformular la parte de la ley que tumbó.Cuando el Alto Tribunal dictó su polémica decisión, su presidente, el conservador juez Roberts, justificó que «la historia no acabó en 1965», Quería dar a entender que el país sigue evolucionando y que algunas protecciones de la ley de derecho de voto eran solo resquicios de un pasado ya superado. Otros, muchos, leen la frase de una manera distinta. Ayer Obama dijo: «Si esto no funciona, nada funciona». La lucha continúa.