El régimen de Ortega detiene a otros dos precandidatos a la presidencia de Nicaragua

La policía de Nicaragua detuvo este martes a dos aspirantes a la presidencia, con lo que suman cuatro los precandidatos opositores presos en el país, a quienes se les aplican leyes sancionadas durante el Gobierno de Daniel Ortega para proteger la "soberanía" y la "paz". También arrestó al expresidente de la principal patronal del país, José Adán, y a la dirigente opositora, Violeta Granera.

La última detención, la de Juan Sebastián Chamorro García -primo de otra precandidata detenida, Cristiana Chamorro Barrios-, ocurrió bajo cargos de "incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos", "organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo", entre otros, según nota de prensa de la Policía Nacional.

Su arresto, con horas de diferencia al efectuado hacia el mediodía contra el también precandidato Félix Maradiaga, ocurre a cinco meses de las votaciones del 7 de noviembre y en medio del rechazo internacional, que exige la liberación inmediata de los detenidos.

Maradiaga y Chamorro García son investigados "por realizar actos contra la soberanía, terrorismo y aplaudir sanciones y actos que menoscaban la independencia, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares2, según la policía. Los cargos por los que son señalados están contemplados en la ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía y de agentes extranjeros, aprobada en diciembre por iniciativa del gobierno de Ortega.

En el caso de Maradiaga la Fiscalía investiga también otra causa: incumplir "gravemente" y "haber desvirtuado" los fines y objetivos del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP). Esta Oenegé fue cerrada a finales de 2018 por el Parlamento, junto a otras organizaciones críticas con el Gobierno.

La ofensiva contra los opositores comenzó hace una semana contra Cristina Chamorro Barrios, en arresto domiciliario y quien no pertenece a ningún partido -aunque sondeos de opinión indicaban que tenía el mayor respaldo ciudadano después del presidente Ortega- y contra el también opositor y precandidato Arturo Cruz. Según sus adversarios, el mandatario buscará un cuarto mandato sucesivo en noviembre, aunque él no lo ha oficializado. La opositora es acusada de lavado de activos a través de la fundación que lleva el nombre su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), mientras que Cruz es señalado de atentar contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo.

Tras la detención de Maradiaga, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el martes que el arresto "arbitrario" de un tercer opositor en Nicaragua demostraba que Ortega es un "dictador". Maradiaga fue detenido en el trayecto a su casa después de abandonar la sede de la fiscalía donde por casi tres horas fue interrogado entorno a "un rosario de acusaciones" sobre sus actividades dentro y fuera del país, según dijo a periodistas.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) condenó el arresto de Maradiaga y denunció que las autoridades están empleando "un nuevo modelo represivo: citar sin decir por qué a quienes considera enemigos políticos, entrevistarlos, dejarlos salir de la Fiscalía para luego detenerlos camino a casa o ya adentro".

Solicitar sanciones

Maradiaga, de 44 años, era el precandidato del bloque opositor no parlamentario Unidad Nacional (UNAB), integrado por organizaciones de la sociedad civil que respaldaron las protestas masivas que en 2018 demandaban la renuncia de Ortega y que se saldaron con 328 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)."No tengo nada que ocultar", dijo Maradiaga antes de su arresto, y negó que haya solicitado sanciones contra el país, pero sí contra "las personas que han cometido crímenes de lesa humanidad" y violación de derechos humanos.

Chamorro García, en tanto, es un economista de 50 años que fue miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), contraparte del Gobierno en el diálogo tras esas manifestaciones. Además de la detención de los precandidatos, lo que según las leyes locales los dejaría fuera de las elecciones, el tribunal electoral eliminó al Partido de Restauración Democrática (PRD-Evangélico) y al Partido Conservador (PC-derecha), el más antiguo del país.

Ortega, de 75 años y quien lleva 14 en el poder, encara sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, que le reclaman cambios políticos y la realización de elecciones libres y justas.