Un total de 483 presos fueron ejecutados en 2020, la menor cifra en los últimos 10 años

Un total de 483 personas fueron ejecutadas en 2020 y otras 1.477 fueron condenadas a pena de muerte. Ni siquiera la emergencia sanitaria consiguió reducir las ejecuciones en países como China o Egipto. A pesar de la alarmante cifra de muertes de presos a manos del Estado, estos números son los más bajos de los últimos 10 años y un 26% más bajos que el año anterior, según el último informe presentado por la oenegé Amnistía Internacional.

Entre los 18 países que han ejecutado presos, destaca China. El país asiático mantiene el dudoso honor de liderar en el ránking de países ejecutores un año más a pesar de que sus cifras siguen siendo una incógnita dada la opacidad del sistema. Aún así, Amnistía aventura que superan el millar. Irán y Egipto ocupan la segunda y tercera posición del ránking de ejecuciones respectivamente. Sin contar las cifras chinas, tan solo cuatro países —Irán (246), Egipto (107), Irak (45) y Arabia Saudí (27)— fueron responsables del 88% del total de ejecuciones conocidas.

Así, mientras el mundo se esforzaba por evitar la propagación del virus y proteger las vidas de las personas, se registraron aumentos alarmantes en el recurso a las ejecuciones en algunos Estados. Egipto triplicó con creces su cifra anual, mientras en Estados Unidos el gobierno de Trump autorizó y aplicó en julio la reanudación de las ejecuciones federales después de 17 años, y terminó ejecutando a 10 hombres en un periodo de cinco meses y medio. India, Omán, Qatar y Taiwán también reanudaron las ejecuciones judiciales. Además, tres personas fueron ejecutadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años en Irán.

Descenso de cifras

En Estados Unidos, el repunte de las ejecuciones federales se vio compensado en el recuento nacional debido en gran medida a las nuevas suspensiones de ejecuciones —o a la mayor lentitud en el cumplimiento de las órdenes de ejecución— en algunos estados como consecuencia de la pandemia. Seis de los aplazamientos concedidos en el país norteamericano por tribunales en 2020 mencionaban expresamente la pandemia de covid-19.

En la región europea, por otro lado, Amnistía Internacional no registró ejecuciones en ninguno de los cuatro países que todavía permiten legalmente este precepto (Bielorrusia, Kazajistán, la Federación Rusa y Tayikistán). Aún así, Bielorrusia continuó imponiendo condenas a muerte, tres concretamente, aunque no las llevó a cabo ejecuciones en lo que duró 2020.

En Oriente Medio y el norte de África, las ejecuciones registradas descendieron a los niveles más bajos de una década, y un 25% respecto al año anterior, con una reducción significativa en Arabia Saudí e Irak. En todo el mundo, la oenegé registró la sentencia a muerte de un total de 1.477 presos en 54 países diferentes. Un total que supone un 36% menos respecto a las 2.307 del año anterior. En total, al acabar el año, se tuvo constancia de un total de 28.567 condenados.

Cada vez menos países lo permiten

Al sumarse el Chad (y a nivel regional, el Estado de Colorado en Estados Unidos), al finalizar 2020, un total de 108 países habían abolido la pena de muerte en sus leyes para todos los delitos, y un total de 144 países la habían abolido en la ley o en la práctica. Los principales métodos de ejecución utilizados en la actualidad son los fusilamientos, la inyección letal, la horca, la decapitación y la electrocución.

Las principales causas por las que se aplican las condenas a muerte son los cargos de homicidio. Los delitos de sangre son los únicos que cumplen los estándares internacionales de la ONU para ejecuciones, pero hay una serie de países que aplican ejecuciones también en otras condenas. La represión política, la lucha contra el terrorismo y la disidencia pueden ser motivos de ejecución en países como Irán, Irak, Arabia Saudí o Egipto. En la región asiática, en países como Vietnam o Filipinas, en cambio, se han notificado condenas a muerte por delitos económicos y tráfico y posesión de drogas así como por corrupción.

Un dato que llama la atención en China es la inclusión de los delitos relacionados con la prevención del covid-19 en la lista de los delitos castigados con la muerte. En el país asiático se usa la pena de muerte a modo de escarmiento, para dar un mensaje disuasorio. Tanto es así, que en 2020, Amnistía detectó que en un tribunal de una provincia china llevó a cabo al menos una ejecución por uno de esos 36 delitos tipificados.