Polonia y Hungría, dispuestos a levantar el veto al fondo de recuperación

La solución para que Hungría y Polonia retiren su veto al fondo de recuperación y al nuevo Marco Presupuestario Plurianual europeo, un paquete de 1,8 billones de euros clave para responder a la crisis socioeconómica desatada por la pandemia, está finalmente cerca de concretarse. Tras semanas de tira y afloja, Varsovia y Budapest están dispuestos a aceptar la solución de compromiso negociada en los últimos días con la presidencia alemana de turno de la UE y que permite resolver sus inquietudes sobre el nuevo mecanismo que condiciona los fondos europeos al respeto del Estado de derecho.

“Por ahora tenemos un acuerdo entre Varsovia, Budapest y Berlín” y “creo que también incluirá a las restantes 24 capitales europeas”, ha indicado este miércoles con optimismo el viceprimer ministro polaco, Jaroslaw Gowin, en vísperas de una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, este 10 y 11 de diciembre en Bruselas, que intentará dar carpetazo a este asunto además de sellar un acuerdo sobre el objetivo de reducción de emisiones del CO2 del 55% para 2030, la coordinación ante el coronavirus, las relaciones con Estados Unidos y Turquía, o la lucha contra el terrorismo.

La última palabra la tendrán ahora los Veintisiete líderes europeos durante la cumbre de este jueves y viernes. Si su respuesta “es positiva”, han explicado fuentes diplomáticas, la presidencia alemana podría relanzar el procedimiento de aprobación del paquete presupuestario inmediatamente y formalizar el acuerdo tan pronto como “este viernes”, durante una reunión extraordinaria del Coreper (Comité de Representantes permanentes).

De momento, y a la espera de un análisis más calmado en las capitales, el plan de Berlín ha recibido una acogida “positiva” aunque "prudente" de los embajadores permanentes de la UE. "Yo diría que la recepción ha sido mayoritariamente positiva", ha explicado uno de los presentes tras un debate en el que ni Polonia ni Hungría han intervenido. “Cada Estado miembro tiene que reflexionar y este jueves se verá si hay acuerdo, pero el sentimiento es que es un muy buen trabajo”, ha añadido otro diplomático europeo tras escuchar las explicaciones de los servicios jurídicos del Consejo.

El reglamento no se toca

Tal y como señaló el martes el ministro alemán de asuntos europeos, Michael Roth, no se tocará “ni una coma” del reglamento acordado entre Consejo y Parlamento Europeo. Para resolver las dudas del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y su homólogo polaco, Mateusz Morawiecki, la solución pasa por una declaración interpretativa de tres páginas y media que garantiza que el nuevo instrumento se aplicará de forma "objetiva, justa, imparcial y factual", garantizando el debido procedimiento, no discriminatorio y bajo la igualdad de trato de los Estados miembros. Su objetivo será "proteger" el presupuesto de la Unión, incluido el fondo de recuperación, su buena gestión financiera así como los intereses financieros de la unión frente a "cualquier tipo de fraude, corrupción o conflictos de interés".

El compromiso también recalca que la Comisión Europea tendrá que desarrollar la metodología que utilizará en sus evaluaciones "en estrecha consulta con los Estados miembros" y garantiza que si algún Estado miembro -como Hungría o Polonia- deciden presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE, Bruselas tendrá que esperar al pronunciamiento antes de finalizar sus orientaciones, lo que vistos los plazos podría inutilizar durante meses una eventual actuación. "Hasta que las orientaciones estén finalizadas la Comisión no propondrá medidas bajo el reglamento", señala el documento.

El compromiso ofrecido por Berlín a Budapest y Varsovia también recoge que la utilización del mecanismo será el último recurso y que solo se utilizará si el resto de los procedimientos de la legislación comunitaria -incluidos los procedimientos sancionadores- fracasan. Además, solo se aplicará a partir del nuevo ciclo presupuestario, desde el 1 de enero de 2021 lo que significa que afectará a las ayudas pendientes de ejecutar del acuerdo marco presupuestario.