Nuevo golpe de la UE al Gobierno de Viktor Orbán

Suma y sigue. La gran sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea vuelve a fallar contra Hungría. En esta ocasión los jueces europeos han sentenciado que la ley de educación superior, adoptada por el Gobierno de Viktor Orbán por la vía de urgencia en abril de 2017 para impedir las actividades de la Central European University (CEU) en el país, creada y financiada por el inversor y filántropo estadounidense de origen húngaro George Soros, es incompatible con la legislación europea. 

La nueva ley de enseñanza superior incluía una reforma del régimen de autorización, con nuevas exigencias para las universidades extranjeras, de forma que solo pudieran desarrollar su actividad si existe un tratado de derecho internacional entre Hungría y su país de origen. Esta legislación obligó a la CEU a trasladar su sede en noviembre de 2019 de Budapest a Viena (Austria) donde abrió un nuevo campus universitario por lo que el fallo no tendrá repercusiones en ella.

Incompatible con los compromisos

La Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra el Gobierno de Orbán en julio de 2017 y al no obtener la respuesta esperada el caso terminó en denuncia ante el TJUE. Según el Ejecutivo comunitario, la ley era incompatible con los compromisos asumidos por Hungría en el marco del acuerdo general sobre el comercio de servicios  -concluido con la OMC-, la libre circulación de servicios en la UE, la libertad de crear universidades y la libertad de empresa.

Este martes, la corte europea le ha dado la razón. El Tribunal, como ya hiciera anteriormente la abogada general de la corte, constata que, al subordinar actividades docentes que conducen a una titulación por instituciones de educación superior situadas fuera del Espacio Económico Europeo (EEE) a la existencia de un tratado internacional entre Hungría y el tercer país en el que la institución en cuestión tiene su sede, Hungría ha incumplido sus compromisos en relación con el pacto, celebrado en el marco de la Organización Mundial del Comercio.

Además, este requisito entra en conflicto con disposiciones de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE relativas a la libertad académica, libertad para establecer instituciones de educación superior y libertad para realizar negocios.