El Gobierno sudanés y los movimientos armados firman un acuerdo de paz

El Gobierno sudanés y los principales grupos armados del país, integrados en el Frente Revolucionario de Sudán, firmaron hoy un acuerdo de paz en Yuba, donde el pasado 31 de agosto sellaron un acuerdo preliminar alcanzado con la mediación sursudanesa. El documento fue firmado por tres integrantes de la delegación gubernamental, encabezada por el vicepresidente del Consejo Soberano de Sudán, el general Mohamed Hamdan Dagalo (alias Hemedti), junto a más de diez representantes de diferentes movimientos armados y el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, como mediador.

La ceremonia tuvo lugar en la plaza de la Libertad de Yuba, al centro de la cual fue levantada una carpa para la firma del acuerdo, que también contó con algunos "testigos", como Egipto, Chad, Catar y la Unión Africana, entre otros. Mientras, el presidente del Consejo Soberano, el general Abdefatah al Burhan, firmó el texto como garante, al igual que el jefe de Estado chadiano, Idriss Deby. El Consejo Soberano es el máximo órgano de gobierno de Sudán durante el periodo de transición que dio comienzo tras el derrocamiento del expresidente Omar al Bashir en abril de 2019.

Marginación y pobreza

Una de las principales promesas de las nuevas autoridades, militares y civiles, fue lograr la paz, estabilidad y prosperidad en todas las áreas de Sudán, por lo que se embarcaron en negociaciones con los múltiples grupos armados que se levantaron en armas contra Al Bashir años atrás.

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El acuerdo incluye múltiples cuestiones relativas a las regiones de Darfur, Kordofán del Sur y Nilo Azul, que sufrieron la violencia, la marginación y la pobreza bajo el régimen del expresidente, acusado de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad en la guerra de Darfur (2003-2008).

Los capítulos del documento contemplan el reconocimiento de los derechos ancestrales de las tribus, la anulación de los derechos de propiedad otorgados mediante usurpación o arrebatados por el Gobierno de Al Bashir y el derecho al regreso de los desplazados y refugiados, así como la compensación a las víctimas. Además, el acuerdo abre la puerta al restablecimiento del modelo federal, con más prerrogativas fiscales para las regiones, que estarán representadas en los órganos de gobierno transitorios.