Nueva York presenta una demanda para disolver la Asociacion Nacional del Rifle

La pistola está fuera de la cartuchera, pero esta vez no es la Asociación Nacional del Rifle (NRA) la que apunta a diestro y siniestro. La fiscalía de Nueva York ha presentado una demanda para tratar de disolver al poderoso lobi de las armas por corrupción financiera, acusaciones que incluyen el presunto enriquecimiento ilícito de sus altos cargos. El desafío ha partido del mismo ministerio fiscal que forzó la disolución por fraude de la Fundación Trump hace dos años, aunque esta vez se topará con una organización de mucha más entidad, con cinco millones de afiliados y alargados tentáculos en Washington, desde la Casa Blanca al Congreso, donde tiene infinidad de aliados. La batalla judicial se prevé larga, un golpe más para una NRA que atraviesa uno de los momentos más delicados de sus 148 años de historia. 

Sus problemas han ido acumulándose en los últimos cinco años, en los que pasó de un superávit de 28 millones de dólares en 2015 (23,6 millones de euros) a un déficit de 36 millones en 2018. Un agujero que entre otros motivos se atribuye a la mala gestión, los contratos irregulares y el desfalco de sus ejecutivos, empezando por Wayne LaPierre, el látigo que dirige la organización desde 1991, y que ha sido incluido en la demanda civil junto a otros tres antiguos altos cargos de la organización sin ánimo de lucro. La fiscalía acusa a LaPierre de haberse gastado millones de dólares en consultores de viajes, limusinas, jets privados y vacaciones en las Bahamas con su familia. También alega que habría recibido diversos regalos, como un lujoso yate, y se habría asegurado una bonificación de 17 millones para el día en que abandone la organización sin que fuera aprobada por su patronato. 

"Organización terrorista"

“La influencia de la NRA ha sido tan poderosa que la organización quedó inmune al escrutinio durante décadas mientras sus altos ejecutivos canalizaban millones a sus bolsillos”, esgrime la fiscal general, Laetitia James, en la denuncia. “La NRA está marcada por la corrupción y el abuso, los motivos por los que hoy buscamos su disolución. Ninguna organización está por encima de la ley”. Si bien la NRA tiene su cuartel general en Virginia, está inscrita en el estado de Nueva York como organización sin ánimo de lucro, lo que otorga jurisdicción a sus autoridades para investigar sus presuntas irregularidades. 

Los abogados del lobi han respondido acusando a James, la fiscal demócrata que ha impulsado la demanda, de estar motivada por motivos políticos, después de que hace dos años describiera a la NRA como “una organización terrorista”. Este desafío legal está llamado a enturbiar todavía más las aguas en el seno de la organización, donde arrecia el descontento hacia LaPierre y otros altos ejecutivos. Pero también podría convertirse en un factor a tener en cuenta en la campaña presidencial en curso, dada la simbiosis entre la NRA, Trump y el Partido Republicano. No hay duda de que estos últimos explotarán la amenaza planteada por la fiscalía para movilizar a los simpatizantes de la organización en las elecciones de noviembre.