Chile decreta estado de excepción para afrontar el coronavirus

El presidente Sebastián Piñera, decretó este miércoles el "estado de excepción constitucional por catástrofe" para afrontar la situación de la pandemia del coronavirus en Chile, que contabiliza ya 238 contagios. "En estos tiempos de crisis está en juego la salud de los chilenos. En consecuencia, son tiempos que requieren unidad y no división", dijo el conservador Piñera al fundamentar la medida que permite restringir libertades de locomoción y reunión, requisar bienes para asegurar su distribución y establecer cuarentenas o toques de queda. Como ocurrió durante algunos días del estallido social, los militares volverán a las calles por 90 días. Se designarán jefes de la Defensa Nacional que asumirán el mando en las zonas respectivas.

El decreto, añadió el magnate, busca darle "mayor seguridad a nuestros hospitales y todos los sitios de atención de salud; proteger mejor la cadena logística y traslado de insumos médicos; facilitar el cuidado y traslado de pacientes y personal médico". El Gobierno de derechas quiere de esta manera "anticiparse y preparase" a lo que puede venir especialmente a partir del inicio del otoño, el fin de semana. "Las medidas específicas  se adoptarán de forma progresiva, según la evolución de este virus y se informarán oportunamente a toda nuestra población", explicó.Hasta el momento Chile tenía como medida más restrictiva el cierre de sus fronteras, que entró en vigencia este miércoles.

Las reacciones

Los partidos de la alianza de Gobierno y la oposición parlamentaria no se demoraron en reaccionar a los anuncios. "Hay que estar a la altura de las circunstancias. Si hay que cerrar una ciudad, sector, barrio o región, hay que hacerlo, pero de acuerdo a criterios técnicos", dijo la senadora y líder de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe. "Cuando se enfrenta una coyuntura de esta naturaleza, lo que corresponde es la colaboración entre todos", consideró el socialista Álvaro Elizalde.  El socialdemócrata Heraldo Muñoz destacó que las medidas "son muy estrictas" y permitirán "actuar de manera sintonizada".

En este contexto, los legisladores del Frente Amplio (izuierdas) decidieron suspender la presentación de la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, por su responsabilidad en la represión de las movilizaciones que ya han recibido duras condenas de las organizaciones internacionales de derechos humanos. 

Desde el pasado mes de octubre, Chile es escenario de intensas protestas sociales en contra del Gobierno y de sus políticas neoliberales que aplica. Con objeto de aplacar la contestación, el Ejecutivo y la oposición pactaron celebrar un plebiscito para preguntar a los chilenos si desean modificar la Constitución redactada por el dictador Augusto Pinochet en 1980. La consulta está prevista para el 26 de abril, pero su realización ha sido puesta en duda a partir de la nueva coyuntura.

Este martes, todos los partidos con representación en el Congreso acordaron aplazar la celebración del referéndum hasta que se supere la crisis sanitaria. "El plebiscito tiene que hacerse, pero la fecha tendrá que evaluarse en base a consideraciones de cáracter técnico", señaló el socialista Elizalde.