El 97% de los casos de feminicidio en México quedan impunes

Un acceso de doble portón metálico para registrarse ante una celadora. Muros altos. Parece una cárcel, pero es un oasis de concertinas. En su interior viven una treintena de mujeres con sus hijos, escondidas de los maltratos de sus maridos. Se trata de uno de los 69 refugios de máxima seguridad para mujeres en alto riesgo por la violencia machista en México, donde al día matan a más de diez.

“Mi esposo se drogaba mucho y llegaba a insultarme. Me zarandeaba duro y amenazaba con llevarse a mis hijos”, explica Carmen (nombre ficticio para proteger su identidad). Llegó a este centro hace dos meses donde considera le “salvaron la vida”, pero todavía tiene “miedo a denunciar por las represalias y porque no servirá de nada”.

Huyó de su hogar en el Estado de México. Si no hubiese escapado y su marido la hubiese matado, tan sólo habría una quinta parte de probabilidades de que la Justicia considerase su asesinato como feminicidio. Tan sólo uno de cada cinco asesinatos de mujeres en México se investigó como violencia machista en un primer momento en los últimos cuatro años y medio, según datos oficiales recopilados por el diario 'Animal Político'. El porcentaje varía según la región. En Guanajuato, el estado aledaño al de Carmen, tan sólo un 5% de las muertes violentas de mujeres se indagan como feminicidios. Algunos estados ni siquiera reportaron ninguno de estos crímenes en 2018.

La necesidad de tipificar el feminicidio

 “La ley estipula bien claro lo que es un feminicidio, pero no se aplica. Esto es por motivos políticos, se decide de forma arbitraria y los juzgados no funcionan con enfoque de género. Esta débil tipificación del asesinato de mujeres, las pone más en peligro”, reclama a este medio la directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, sobre la desidia institucional frente al lastre. Una auditoria oficial del pasado año reveló que existe un subregistro intencional de múltiples homicidios contra mujeres.

Esto sucede en el segundo país latinoamericano –octavo, por tasa– con más feminicidios: 3.825 asesinadas el pasado año, tan sólo 1.006 se catalogaron como violencia machista, según cifras oficiales. Los feminicidios aumentaron un 137% en el último lustro cuatro veces más que el resto de homicidios, indicó el fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

El jefe de la Fiscalía General la República (FGR) desató la controversia al plantear la eliminación del tipo penal de feminicidio y modificarlo a homicidio agravado, argumentando que “complica inútilmente la judicialización” de esos procesos, según diputadas del partido gobernante Morena frente a las que lanzó su propuesta el primer lunes de febrero. La tipificación de los asesinatos de mujeres por razones de género sirve para castigar el delito de manera justa y visibilizar las expresiones de violencia machista; eliminarlo significa dar un paso atrás, reaccionaron numerosas legisladoras y expertas en cuestiones de género.

Al día siguiente la FGR emitió un comunicado en que matizaba que la propuesta consiste en reducir de siete a una las condiciones, requisitos y circunstancias, a fin de conceptualizar el delito en “homicidio en contra de una mujer” como agravante para elevar las penas a su máximo de entre 40 y 70 años.

Un salvaje asesinato

Cuatro días después, el asesinato de la joven Íngrid Escamilla sacudió a México. La joven de 25 años fue desollada y descuartizada brutalmente por su pareja Erick Francisco, un ingeniero de 46 años. La policía filtró imágenes del cadáver y un video del asesino con el torso ensangrentado que lloriquea y asegura que lo hizo por “miedo y vergüenza”. Las fotografías del cuerpo acuchillado abrieron las portadas de los tabloides, uno de ellos junto al titular ‘La culpa la tuvo Cupido’. La fiscalía ha abierto una investigación a los seis agentes que atendieron la escena, que, de momento, mantienen sus puestos.

El salvaje homicidio conmocionó al país y el comportamiento de las autoridades ha desatado la furia de un movimiento feminista al alza que ya ha convocado manifestaciones por toda la República en los próximos días.

Reformas ante la impunidad

La tormenta por la revictimización de las mujeres asesinadas y la ínfima respuesta judicial coincide con una drástica reforma del Código Penal emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo).

Este martes el fiscal Gertz terminó de corregir sus polémicas palabras. La intención de reformar el tipo penal busca que el feminicidio “esté suficientemente claro para perseguirlo”, expuso en la rueda de prensa matutina del presidente, quien acusó de manipulación a los medios. “Me van a voltear el sentido de esta conferencia, pues no me gusta eso”, exclamó molesto Amlo.

Al día siguiente el titular de la FGR reprendió a la Cámara de Diputados por el recorte de unos 74 millones de euros al presupuesto de la Fiscalía para este año. “Ahí sí, ustedes nos dieron palo”, pronunció Gertz pensando que su micrófono estaba cerrado. Numerosas organizaciones civiles han criticado a Amlo por aplicar recortes tanto en materia de prevención como en el acceso a justicia para los delitos contra las mujeres, así como excluir de sus prioridades las cuestiones de género, empezando por obviarlas de su discurso.

“La falta de voluntad política y recursos promueven una impunidad que alimenta la violencia de género. Los hombres sienten que no recibirán ningún castigo, mientras las mujeres ni siquiera denuncian porque desconfían de una Justicia inoperante”, asegura a este medio la directora de la asociación Sin Violencia, Elia Orrantia.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció que apenas la mitad de los fmeinicidios se consignan ante la Justicia y un 90% quedan impunes. Tan sólo en tres de cada cien casos llega a determinarse la autoría por el vínculo con la víctima, según datos oficiales, y “apenas un 1% llegan a sentencia”, indica la activista.