26 feb 2020

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EN CLAVE EUROPEA

Choque en la UE por el presupuesto

Alemania y los países ricos exigen restringir el gasto y recortar las ayudas agrarias y regionales

El Europarlamento y los estados del Este y el Sur reclaman fondos suficientes para lograr los objetivos que se ha fijado Europa

Eliseo Oliveras

La nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. / REUTERS / VINCENT KESSLER

El 2020 será el año de la gran batalla entre los estados de la Unión Europea (UE) sobre la financiación y el reparto de los fondos del presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027. El actual marco presupuestario expira a final de año y las divergencias son muy profundas entre los Veintisiete y entre las principales instituciones de la UE. La aprobación del marco presupuestario requiere el voto unánime de todos los estados y el respaldo de la mayoría del Parlamento Europeo.

La determinación de los países ricos de limitar sus contribuciones al presupuesto de la UE ha convertido estas negociaciones en cada vez más conflictivas desde 1999. La salida del Reino Unido de la UE dificultará aún más el consenso, ya que implica la pérdida de una contribución neta anual muy elevada: 7.000 millones de euros en el 2018, según el último balance de la Comisión Europea.

Alemania, Austria, Holanda, Dinamarca y Suecia exigen un gasto máximo equivalente al 1% de la renta de los Veintisiete, conforme a la política de austeridad, lo que supone limitar el gasto en el conjunto de los siete años a 1,02 billones de euros (a precios del 2018). La cifra es incluso inferior al gasto del actual marco presupuestario 2014-2020 sin el Reino Unido: 1,08 billones y 1,16% de la renta de los Veintisiete. Los cinco países defienden recortar la política agraria, regional y de cohesión y priorizar el gasto en investigación, inversiones estratégicas, objetivos climáticos, defensa y control de la inmigración.

Fondos regionales

Francia y Polonia lideran la lucha contra el recorte en los fondos agrarios, de los que España también es gran beneficiaria. Los países del Este y del Sur, incluida España, defienden además preservar los fondos regionales y de cohesión. El Parlamento Europeo, por su parte, rechaza por muy insuficientes las propuestas de Alemania y de la Comisión Europea y la fórmula de compromiso presentada en diciembre en el Consejo Europeo, ya que impiden alcanzar los objetivos económicos, sociales y políticos que se ha fijado la UE.

Una de las incógnitas es cómo se hace encajar la restricción del gasto que propugnan Alemania y sus aliados con los fondos indispensables para el ambicioso Pacto Verde Europeo anunciado por la nueva Comisión Europea de Ursula von der Leyen y que requerirá una inversión pública y privada de 260.000 millones anuales durante esta década.

La propuesta inicial de la Comisión Europea fijaba un gasto global de 1,13 billones de euros en el periodo 2021-2007. Esto ya implica un recorte del nivel de gasto global de la UE, al bajar al 1,11% de la renta de los Veintisiete frente al 1,16% del marco presupuestario actual sin el Reino Unido. La propuesta incluía drásticos recortes de los fondos agrarios (15%), los fondos regionales y de cohesión (1%) y del fondo social (7%), lo que contradice las promesas del Pilar Social Europeo. La política agraria diseñada por la Comisión Europea beneficia básicamente a las compañías y grandes terratenientes: el 80% de los pagos directos se concentra en un 20% de perceptores, mientras que la mitad de los agricultores sólo percibe el 4,5% de las ayudas directas totales.

Seguridad y defensa

La Comisión Europea prioriza en su propuesta el gasto destinado a investigación e inversiones estratégicas (166.300 millones), donde los países ricos obtienen un mayor beneficio, con un aumento del 43%. Los mayores incrementos, aunque con cifras mucho más modestas, correspondían a seguridad y defensa que se multiplicaban por 12 (24.300 millones) y a inmigración y control de fronteras que se multiplicaban por tres (30.800 millones). El proyecto prometía destinar al menos el 25% del gasto a contribuir a los objetivos climáticos.

El Parlamento Europeo, por su parte, reclama un gasto global para los siete años de 1,32 billones, equivalentes al 1,3% de la renta de los Veintisiete. La Eurocámara exigió en octubre mantener a su nivel actual los fondos agrarios, regionales y sociales e incrementar sustancialmente las partidas de investigación e inversión y las destinadas a los nuevos retos de seguridad y defensa y control de la inmigración.

La última propuesta de compromiso formulada por la presidencia rotatoria finlandesa en diciembre fijaba el gasto máximo global al 1,07% de la renta de los Veintisiete, superior al techo reclamado por Alemania, Austria, Holanda, Dinamarca y Suecia, pero muy inferior a la propuesta de la Comisión Europea y a la cifra reclamada por el Parlamento Europeo. El compromiso fue rechazado por excesivo por los países ricos, mientras que las fórmulas de reparto del gasto no convencieron a los principales receptores de fondos agrarios, regionales y de cohesión. Croacia, que asumió el 1 de enero la presidencia semestral rotatoria europea, deberá emprender ahora una nueva ronda de negociaciones para internar acercar las posturas.