Las protestas en Chile se acercan cada vez más a las zonas donde viven los ricos

Evelyn Matthei, hija de uno de los comandantes de la dictadura militar (1973-1990) y alcaldesa de Providencia, se vistió en la mañana del jueves con un chaleco amarillo y zapatillas. Abandonó su habitual glamur para dirigir el tránsito en una de las zonas más acomodadas de Santiago. Matthei quiso dar una señal de normalidad horas después de que la coqueta comuna se convirtiera en uno de los puntos del estallido social que comenzó el 18 de octubre.

El gesto de la alcaldesa fue objeto de mofa en las redes sociales, entre otras razones porque se la vio escapar espantada de la prensa un día antes cuando el olor a gas lacrimógeno se esparcía por esa zona de la capital chilena que se caracteriza por suntuosos centros comerciales, edificios modernos, algunos de ellos de gran porte, y calles arboladas. Lo ocurrido en Providencia, donde fue atacada la sede de la UDI, el partido de ultraderecha al que pertenece Matthei, ha sido una señal inequívoca de cómo se desarrolla el conflicto que remece al país: sus estertores se empiezan a sentir en los barrios "quicos (pudientes)".

Hasta ahora, las manifestaciones se circunscribían al centro y la periferia de Santiago. "Hemos venido a llamar a la puerta del oasis del que hablaba el presidente para que le quede claro que esta lucha sigue", dijo una manifestante. El 1% de los hogares de mayores ingresos acapara más de una cuarta parte de la riqueza en Chile. Buena parte de los grandes favorecidos por la prosperidad neoliberal viven en un pequeño paraíso, señalado por estos días como metáfora urbana de la desigualdad social.

Miedo al vandalismo

"Es hora de marchar al Oriente", se ha dicho en medio de las movilizaciones. La consigna ha provocado el temor de que en los sitios aún más ricos se instalen las barricadas, vuelen las piedras, suenen las sirenas o irrumpan los cañones de agua -llamados "guanacos"-. Pero lo que más horriza es que llame a la puerta el vandalismo de los sectores minoritarios que, escondidos bajo sus capuchas, aprovechan la presencia de las multitudes pacíficas en el espacio público.

En este contexto, el presidente, Sebastián Piñera, ha impulsado con carácter de urgencia un proyecto de ley que establece un salario mínimo de 350.000 pesos (unos 430 euros).  Piñera también enfrenta otros problemas. Un fiscal, Jorge Abott, ha comenzado a investigar si el mandatario tiene responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado en las últimas semanas.