Portadas ilegibles en Australia en favor de la libertad de prensa

Portadas ilegibles y palabras tachadas. Ha sido la fórmula de los principales medios de comunicación de Australia para expresar su rechazo a la nueva ley que restringe la libertad de prensa en el país.

Las portadas de diarios como 'Sydney Morning Herald', 'The Australian', 'Financial Review', 'The Daily Telegraph', entre otros, aparecieron ayer con secciones tachadas y con una señal de prohibición en la podía leerse "secreto, no es para ser divulgado".

La protesta tiene como objetivo presionar al Gobierno para que exima a los periodistas de la aplicación de las leyes que restringen el acceso a información confidencial. Los profesionales esperan que las autoridades impulsen un sistema de plena libertad de información y, en consecuencia, muestren una menor sensibilidad hacia las demandas por presunta difamación.

Desde 2001, Australia ha aprobado 75 leyes para reforzar la seguridad nacional, la última de la cuales, adoptada el año pasado, amplía las penas de prisión por divulgar información clasificada.

"Se trata de defender el derecho básico de cada australiano a estar adecuadamente informado sobre las decisiones importantes que toma el Gobierno en su nombre", ha manifestado el director ejecutivo de Nine Entertainment, Hugh Marks, en un comunicado. Para el director del conglomerado News Corporation, Michael Miller, "la gente debe mantenerse siempre alerta ante aquellos gobiernos que traten de restringir su derecho a saber lo que pasa".

Cardenal condenado por abusos

El hartazgo de los medios de comunicación tuvo su momento culmen cuando un tribunal ordenó no informar sobre la condena del cardenal y extesorero del Vaticano George Pell  por abuso sexual a menores.El desacato fue de tal magnitud que la Fiscalía está tratando ahora de lograra condena para decenas de periodistas y medios que dieron cuenta de la noticia.

En junio, la policía registró la sede policía de la emisora ABC en Sidney y la vivienda de una periodista de News Corp en Camberra por la filtración de documentos secretos. Dos periodistas de ABC y la periodista de News se enfrentan a penas de prisión. Sin embargo, el fiscal general, Christian Porter, anunció a finales de septiembre que cualquier proceso judicial contra un periodista deberá contar antes con su autorización.

"La cultura de secretismo que imponen estas medidas legales restringe el derecho de los australianos a informarse y sobrepasa de largo el objetivo original de proteger la seguridad nacional", dijo el director ejecutivo de la Alianza de los Medios, Entretenimiento y Artes (MEAA, siglas en inglés), Paul Murphy, en un comunicado. El líder de este sindicato recalcó que "es hora de tumbar estas leyes excesivas y despenalizar el periodismo que sirve al interés público y a los informantes".