La readmisión de Rusia en el Consejo de Europa indigna a los países vecinos

Se trata de la primera ocasión, desde la anexión de Crimea, en que se revierten medidas punitivas contra Rusia adoptadas por la comunidad internacional. El pasado 24 de junio, en un agotador debate que se prolongó hasta bien entrada la noche, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE, por sus siglas en inglés) aprobó una resolución que restauraba todos los derechos de la delegación de la Federación Rusa, a la que, cinco años atrás, se le había retirado la potestad del voto en represalia por su papel en el conflicto de Ucrania.

La protesta del Gobierno de Kiev y de muchas repúblicas exsoviéticas o antiguos miembros del difunto Pacto de Varsovia no se hizo esperar. Los representantes ucranianos decidieron suspender su participación en la PACE, mientras que un buen número de países vecinos de Rusia, incluyendo a Georgia, Eslovaquia, Polonia y las repúblicas bálticas, difundieron una declaración conjunta en la que aseguraban que la decisión era "contraria a los valores del Consejo de Europa y su carta fundacional", al tiempo que enviaba "una señal equivocada a un país que ha recurrido a la agresión armada, al envenenamiento, no respeta los derechos de sus ciudadanos y trabaja para desestabilizar Europa".  

La votación arrojó un resultado de 118 votos a favor, 62 en contra y 10 abstenciones. Varias razones han sido esgrimidas para justificar que se levanten las sanciones a un país que, en todo el tiempo transcurrido desde su imposición, no ha satisfecho ninguna de las exigencias que se le había planteado. Por un lado, la necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo con el Kremlin, que había amagado con abandonar definitivamente el Consejo de Europa y, con ello, la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), una instancia judicial a la que aún pueden recurrir los disidentes y opositores rusos cuando han agotado los recursos ante la justicia local. 

Presupuesto reducido

Pero también han influido cuestiones monetarias internas de la organización. En los últimos ejercicios, Rusia había dejado de pagar sus contribuciones financieras al Consejo de Europa, lo que ha supuesto un duro varapalo para sus finanzas. Se trata de una institución que trabaja con un presupuesto reducido, y las aportaciones de Moscú ascendían a un 10% del mismo. Con la restitución de sus derechos, Rusia podrá influir en el nombramiento de los jueces del TEDH y participar en misiones de observación electoral organizadas por el consejo, lo que a buen seguro traerá decisiones judiciales y valoraciones más favorables a sus postulados.

Tal y como describe Andréi Kortúnov, director del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales en un reciente artículo para la Fundación Carnegie, el debate en el Consejo de Europa releja una enconada pugna en el continente europeo entre las voces "pragmáticas" y las "escépticas" sobre qué hacer con Rusia. Los primeros creen que el régimen de Putin es "estable" pero que los crecientes gastos que le suponen las guerras en Siria y Ucrania obligarán a Moscú eventualmente a "buscar compromisos". Los segundos piensan que el el sistema político ruso "es incapaz de transformarse", y que lo único que logrará el establecimiento de puentes  es "legitimar" a Putin y su entorno ante la ciudadanía rusa.