Suu Kyi justifica la cárcel para los periodistas que investigaban la matanza de rohinyas

Sus 15 años de arresto domiciliario y silencio forzoso parecen muy lejanos. Aung San Suu Kyi, nobel de la Paz y antigua luchadora por la libertad de expresión, ha defendido el encarcelamiento de los dos periodistas que denunciaron las masacres sobre rohinyas. Wa Lone y Kyaw Soee Oo, birmanos y empleados por la agencia Reuters, fueron condenados la semana pasada a siete años de prisión por desvelar secretos de Estado en aplicación de una apolillada ley colonial.

La presidenta de facto de Myanmar ha negado que fueran encarcelados por ser periodistas sino por vulnerar la ley y ha defendido que su caso no tiene relación con la libertad de expresión. Los condenados, ha añadido, tienen "el derecho de apelar y señalar por qué la sentencia es errónea". "Me pregunto si la gente se ha leído realmente la sentencia", ha dicho en referencia al coro condenatorio global.

Su defensa numantina de Birmania como un país regido por el imperio de la ley ha sido contestado rápidamente por la organización Human Rights Watch. "Ella no entiende que el imperio de la ley significa el respeto a las pruebas presentadas en juicio, las acciones basadas en leyes claras y proporcionales y la independencia de los órganos judiciales del Gobierno y las fuerzas de seguridad. El juicio a los periodistas de Reuters suspendió en todas esas cuestiones”, ha señalado el vicepresidente de la organización. La ONU había lamentado esta semana el hostigamiento creciente a los periodistas en este país.

Desprestigio

El juicio ha sido globalmente desdeñado como una farsa. El arresto en diciembre sugiere una emboscada: la policía se reunió con los periodistas en un restaurante para darles unos documentos presuntamente sensibles y los detuvo minutos después.  La sentencia ignoró pruebas que favorecían a los acusados y el tribunal mandó a la cárcel a un policía que confesó haber recibido órdenes para tenderles la trampa.

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Suu Kyi ha hablado por primera vez del proceso este jueves en un foro económico en Hanoi (Vietnam). También ha juzgado que "la situación se podría haber gestionado de forma diferente" en referencia a la represión de los rohingya en el estado de Rakhine. No parece una disculpa contundente para lo que la ONU calificó recientemente de genocidio. El informe amontonaba pruebas contra el Ejército y recomendaba llevar frente a la Justicia a media docena de altos cargos militares por asesinatos, violaciones y quemas de poblados. También lamentaba el pasotismo de Suu Kyi.

Un ataque del Ejército de Salvación Rohinya Arakan a una treintena de comisarías que dejó un centenar de muertos había catalizado la represión. La respuesta  del Ejército dejó unos 10.000 muertos, según una estimación "conservadora" de la ONU, y empujó a la diáspora a 700.000 rohingyas.  Suu Kyi ha dilapidado en sus años en el poder su reputación como icono democrático pero sigue siendo muy valorada en su país.