Aflora en Italia la explotación laboral de los jornaleros africanos

Han muerto por tres euros la hora, el miserable precio que se les paga por jornadas de 10 y 12 horas. En ese tiempo, a veces interminable, rellenan entre 10 y 15 cajas de tomates por cabeza, lo que equivale a remover entre 3.000 y 4.500 kilos de esa hortaliza. Al final del día, agotados, se llevan entre 40 y 50 euros, menos los gastos del transporte y el bocata. Así es la dura vida de los jornaleros africanos que trabajan en la región de Apulia (en el sur de Italia), un colectivo que ha salido a la palestra durante este agosto no por sus pésimas condiciones laborales sino por los dos accidentes de tráfico que se llevó por delante la vida de 16 de ellos.

Algunos de ellos dormían, agotados. Otros estaban regularizados y otros eran ilegales. La mayoría no llevaba documentación. Regresaban de recoger tomates, los mismos que, triturados, se compran en el supermercado o en los centros comerciales a un precio que oscila entre 0,75 céntimos y 1,3 euros. El mismo precio que hace 30 años. Y sin tener en cuenta el código ético firmado en el 2017 entre el Gobierno y las grandes superficies.

Dormir al raso

Por el transporte a los campos de cultivo estos jornaleros pagaban cinco euros por día; por el bocadillo, tres. Para dormir en un lugar decente, otros 50 euros al mes. También tenían otra 'alternativa', mucho más económica pero por debajo de lo humanamente tolerable: dormir junto a las pistas del viejo aeropuerto militar de Borgo Mezzanone. Una opción totalmente gratuita y escogida nada menos que por 3.000 de estos trabajadores.

Son los “nuevos esclavos”, los ha definido Sergio Mattarella, presidente de la República. “Detrás de estos muertos hay una explotación laboral, no hay dignidad”, agregó el presidente del Gobierno, Giuseppe Conte, visitando aquellas tierras donde malviven 20.000 braceros, un colectivo que llega a los 400.000 en toda Italia. En Apulia hay registradas 27.000 industrias agrícolas, pero solo 80 están inscritas en la red laboral agrícola de calidad. “Terminaremos con los guetos y las mafias de los capataces”, ha prometido Matteo Salvini, ministro del Interior.

El poder de las grandes distribuidoras

Detrás de la muerte de los 16 trabajadores está el estrangulamiento de la agricultura por parte parte de la gran distribución, denunciada por Coldiretti, que agrupa a 1,5 millones de pequeños y medios agricultores por cuenta propia. Pero está también la no aplicación de una ley del 2016, que se aprobó después de que en Rosarno, al otro lado de la península, miles de ciudadanos negros, agotados por la explotación, se levantasen para una protesta inédita y casi épica que nada tuvo que envidiar a las de los esclavos del siglo XVIII deportados de África. La primera ley contra el sistema de capataces había sido aprobada en el 2011.

Un informe de Coldiretti, titulado “Agromafias y capataces”, ofrece los pormenores del precio “sin dignidad” que los ciudadanos pagan por un envase de tomate triturado y que vale el 8% del precio que paga el ciudadano. El resto se lo lleva quien lo distribuye (53%), el frasco (10%) y los intermediarios. De manera que los agricultores, los propietarios de las furgonetas y braceros se distribuyen aquel mísero 8%, sin el cual el súper no obtendría el 53% del precio final, ni el cliente un 3x2 de triturado.

Reclutamiento a dedo

“Vendo (a los distribuidores) las botellas de tomate (de 770 mililitros) a 44 céntimos y me cuestan 39, o sea que gano cinco céntimos, algo útil solo si, como nosotros, elaboramos 20 millones de botellas”. Lo explica Francesco Franzese, propietario de la industria Fiammante di Buccino, que compra el 80% de los tomates de la región.

La magistratura ha abierto dos sumarios, porque la muerte de los jornaleros ha evidenciado algo que ya era conocido: un sistema de explotación laboral basada en los capataces. Son las personas que reclutan y organizan, a su antojo, la mano de obra, una selección que cada vez más se suele hacer por WhatsApp.

Autobuses sin parada

La región de Apulia, además, tiene aprobada una ley para organizar un transporte público de jornaleros hacia los campos y, de regreso, a los dormitorios, pero los agricultores no han indicado nunca los lugares donde establecer las paradas. De esta manera, favorecen a los transportistas de las furgonetas de segunda, tercera y cuarta mano. Algunas de ellos, con matrícula de Bulgaria, como era el caso de la que viajaban los inmigrantes fallecidos.

Se trata de un tráfico de trabajadores en parte controlado por las mafias locales, como también los campos de tomates, según ha dado a entender Salvini. Los difuntos se llamaban Lhassam, Bafose, Erik, Khadim, Moussa, Ebere… En junio, Soumaila Sacko fue abatido por unos desconocidos en Gioia Tauro, tierra de Ndrangheta, la mafia de Calabria. Era uno de los primeros sindicalistas negros que trabajaba este sector. Aboubakar Soumahoro, otro de ellos, organizó el pasado miércoles una manifestación de protesta de los jornaleros africanos a la que se adhidieron los sindicatos nacionales.