Lula permanecerá en la cárcel después de una disputa sobre su libertad

Brasil vivió horas de ten tensión en incertidumbre en relación con el futuro de Luiz Inacio Lula da Silva. El presidente del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4),  Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz terció una ríspida disputa entre dos instancias judiciales sobre la libertad del ex mandatario y  determinó en la noche del domingo que Lula permanezca en la prisión de Curitiba donde se encuentra desde principios de abril. El juez Rogerio Favreto había ordenado el mismo domingo la inmediata liberación del líder del Partido de los Trabajadores (PT), condenado a 12 años de cárcel por un caso de corrupción pasiva que no encontró ninguna prueba contundente en su contra. Según  Favreto, del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4), con sede en Porto Alegre, el “habeas corpus” en favor de Lula aplicarse con carácter urgente. Pero otro magistrado, João Gebran Neto, nada menos que uno de los instructores del caso Lava Jato que, además, estampó su firma en la sentencia de segunda instancia contra el ex mandatario, revocó la medida cautelar.  Favreto volvió a la carga y emplazó a las instancias correspondientes a cumplir con su dictamen inmediatamente. Entonces Flores Lenz puso su firma en un dictamen para que las cosas se queden por ahora en el mismo lugar.

Gebran Neto había actuado en sintonía con el juez Sergio Moro, quien había condenado al ex mandatario en primera instancia y, tras enterarse de la salida de Lula de la cárcel de Curitiba, reaccionó airadamente. Moro se convirtió durante los últimos años en un acérrimo enemigo del ex jefe de Estado. Para muchos analistas políticos se trata de un caso ejemplar de politización de la justicia y “judialización” de la política en Brasil. “Si un actor o autoridad policial cumple la decisión de una autoridad absolutamente incompetente, estará incumpliendo la orden de prisión”, dijo Moro.

En este contexto, más de cien reconocidos juristas defendieron el habeas corpus en favor del ex jefe de Estado. “No puede la autoridad coautora, en el caso, el juez Federal Sergio Moro, impedir su cumplimiento, so pena de cometer el delito de prevaricación”, señalaron en un documento conjunto. “Esos instrumentos autoritarios permitidos en el régimen militar son incompatibles con los preceptos de cualquier orden jurídico democrático”.

Hasta este domingo, la defensa de Lula había presentado diversos recursos para que pudiera gozar de libertad provisional mientras recurría en instancias superiores. Lula continúa al frente de las encuestas de cara a los comicios presidenciales de octubre con una intención de voto superior al 30%. Todavía queda pendiente que un tribunal electoral se pronuncia sobre su posibilidad de presentarse como candidato. Una ley sancionada durante su Gobierno prohíbe a los condenados en segunda instancia aspirar a un cargo electivo.

Días atrás, Lula escribió una carta a los brasileños en la que pidió a la vez a los jueces y fiscales que lo sentenciaron que “muestren a la sociedad una única prueba material de que cometí algún crimen”. Recordó en ese sentido que “no basta la palabra de un delator”. Para Lula, el acoso judicial se basó en “una mentira publicada por el periódico O Globo, atribuyéndome la propiedad de un apartamento en (el balneario paulista de) Guarujá” y la Policía Federal, “reproduciendo la mentira, inició una investigación”. Luego, el Ministerio Público, “acogiendo la misma mentira, hizo la acusación y, finalmente, siempre con fundamento en esa mentira nunca probada, el Juez Moro me condenó”.