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Trump desafía a jueces y fiscales y mantiene su veto a los musulmanes de siete países

La Administración lanza mensajes contradictorios sobre quiénes están afectados mientras crecen las protestas políticas y ciudadanas en EEUU y la condena internacional

Los fiscales de 16 estados de EEUU condenan la orden ejecutiva firmada por el presidente y la califican de "inconstitucional" y "antiestadounidense"

Idoya Noain

Donald Trump.

Donald Trump. / REUTERS / JONATHAN ERNST

En solo nueve días en la Casa Blanca Donald Trump ha recibido el primer duro golpe de la Justicia, un freno aunque sea parcial y temporal a su controvertida y cada vez más criticada decisión de vetar la entrada en Estados Unidos a refugiados e inmigrantes con documentación legal de siete países de mayoría musulmana. Pero el presidente y su Administración, en otra jornada frenética marcada por miedos, denuncias, caos y la aparente descordinación entre la Casa Blanca y las agencias del gobierno encargadas de acometer sus órdenes, han dado muestras de estar dispuestos a mantener un pulso con el poder judicial.

El revés para Trump empezó el sábado por la noche, cuando Ann Donnelly, jueza de un tribunal federal de Nueva York, ordenó que se detuvieran las deportaciones de refugiados e inmigrantes con papeles que se estaban produciendo en aeropuertos estadounidenses desde que el viernes el presidente firmó su orden ejecutiva. La magistrada no entró a valorar si la directiva de Trump viola o no la Constitución, no obligó a EEUU a admitir a los detenidos ni dictaminó nada sobre miles de personas que aún no habían embarcado rumbo a EEUU y que tienen los papeles para entrar en regla, pero con una decisión de alcance nacional y que debe aplicarse por lo menos hasta una vista fijada para el 21 de febrero al menos impidió que fueran devueltos a los países de los que provenían quienes ya habían llegado.

BATALLA JUDICIAL

A esa decisión judicial le siguieron cuatro, de menos alcance pero también contrarias a la orden ejecutiva de Trump, en tribunales de Virginia, Seattle y Boston. Y los grupos de derechos civiles que habían emprendido la batalla judicial y los miles de ciudadanos que habían participado en manifestaciones espontáneas en aeropuertos de todo el país celebraron la victoria, parcial pero victoria. A eso se sumó un comunicado de condena por parte de los fiscales generales de 16 estados, incluidos California y Nueva York.

"Como los máximos responsables legales de más de 130 millones de estadounidenses y residentes extranjeros en nuestros estados, condenamos la orden ejecutiva inconstitucional, antiestadounidense e ilegal del presidente Trump", señalaron en un mensaje conjunto.

El domingo, no obstante, ha vuelto a imperar el desconcierto por obra y gracia de una Administración cuyos abogados han llegado a reconocer en los tribunales que la acelerada preparación de la orden ejecutiva no les ha dado tiempo de revisar todos sus aspectos legales. Mientras Trump se limitaba a colgar dos tuits que no aportaban clarificación alguna, el Departamento de Seguridad Interior ha emitido un comunicado contradictorio en el que asegura que “cumplirá las órdenes judiciales” pero insistía también que seguirá aplicando la directiva del presidente. “Los viajes prohibidos seguirán prohibidos y el Gobierno de EEUU retiene su derecho de revocar visados en cualquier momento si lo requiere la seguridad pública o nacional”.

No es la única contradicción. El sábado fuentes de la Administración explicaban que la orden de Trump incluye restricciones de entrada para los ciudadanos de Siria, Libia, Irak, Irán, Sudan, Somalia y Yemen que ya tienen una “green card”, el documento que se consigue tras un proceso de escrutinio ya extremo y que otorga estatus legal de residente permanente en EEUU. Pero el domingo, en unas declaraciones en NBC, el jefe de Gabinete de Trump, Reince Priebus, ha dado a entender que reculan y que “en adelante no les afectará”.

ELEMENTOS POLÉMICOS

Ese era uno de los aspectos controvertidos de una orden ejecutiva a la que no le faltan elementos polémicos. Y es, por ejemplo, el que ha llevado al Gobierno británico de la primera ministra de Theresa May a sumar su voz a la condena internacional, algo que no quiso hacer el sábado. En concreto la premier ha pedido a dos de sus ministros que trasladen quejas a sus homólogos estadounidenses y aseguren el respeto de los derechos de ciudadanos británicos con doble nacional de alguno de los siete países vetados.

La de May no ha sido la única voz política extranjera de protesta que ha escuchado Washington. Y desde Alemania ha llegado el mensaje de Angela Merkel, lanzado a través de un portavoz, de que “la lucha contra el terrorismo no justifica poner bajo sospecha generalizada a personas de una confesión o con un pasado específico”.

Mientras, la protesta sigue creciendo dentro de Estados Unidos. Algunas voces de congresistas republicanos (aunque no las de los principales líderes del partido) han empezado a cuestionar la orden de Trump. Sigue la campaña de denuncia y acciones legales de grupos de derechos civiles. Y este domingo, tras las protestas espontáneas del sábado, se han organizado manifestaciones en distintos puntos del país, incluyendo una que ha llegado a las puertas de la Casa Blanca. 

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