POLÉMICA EN EL REINO UNIDO

El 'brexit' se someterá al voto del Parlamento británico

BEGOÑA ARCE / LONDRES

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El Gobierno británico carece de poder constitucional para poner en marcha el Artículo 50 del Tratado de Lisboa e iniciar el proceso del ‘brexit’. Ese derecho recae sobre los miembros del Parlamento, que deberán aprobar en votación el comienzo oficial de las negociaciones. Así lo indica la sentencia del Tribunal Superior de Londres hecha pública este jueves, tras el recurso presentado cuestionando el mandato de la primera ministra, Theresa May, para decidir sobre el ‘brexit’ sin consultar con el Parlamento. El veredicto es un enorme golpe a la autoridad de May y descarrila sus planes sobre el calendario para la salida de la Unión Europea, que como mínimo puede sufrir retrasos. Su equipo insistía sin embargo anoche, en que la fecha anunciada de finales de marzo para iniciar formalmente las negociaciones se mantiene.

 La sentencia añade nuevas incógnitas e incertidumbre al laberinto de la salida de la Unión Europea. El Gobierno apelará la decisión ante el Tribunal Supremo, la más alta instancia judicial del país, para tratar de evitar la votación parlamentaria. El recurso se estudiará a principios de diciembre, en un caso histórico, de una enorme importancia. Los especialistas en normativa  constitucional creen que el Gobierno volverá a perder porque tiene pocos argumentos nuevos que ofrecer y por tanto de que el veredicto sea revocado.   

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"El Gobierno está decepcionado por la sentencia del tribunal", declaró una portavoz oficial a través de un comunicado. "El país votó por abandonar la Unión Europea en un referéndum aprobado por una ley del Parlamento. Y el Gobierno está determinado a respetar el resultado del referéndum” añadió. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, hablará este viernes con May por teléfono a petición de esta. "Temo que nos encaminemos hacia un 'medio brexit'', dijo tras conocer la sentencia Nigel Farage, exlíder del UKIP y principal impulsor del referéndum. Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, ve en la decisión “un ejemplo de la incertidumbre" que rodea las negociaciones.

VIOLACIÓN DE DERECHOS

Tras el resultado del referéndum a favor del ‘brexit’, un grupo a favor de la permanencia, liderado por la asesora en fondos de pensiones Gina Miller, presentó un recurso ante la justicia, argumentando que la primera ministra no tiene el derecho a activar el artículo 50 del tratado de Lisboa sin la aprobación explícita de diputados y lores. Ignorar al Parlamento, como planeaba May, sería una violación de los derechos que figuran en la legislación europea adoptada por el Reino Unido en 1972 (ley de las Comunidades Europeas).

Durante la vista, los abogados del Gobierno invocaron una convención constitucional histórica, las antiguas “prerrogativas reales”, pensada para abandonar tratados internacionales, sin la necesidad de contar con la aprobación del Parlamento. A ese argumento añadieron la voluntad de los ciudadanos expresada en el referéndum, con el 52% de los votantes a favor del ‘brexit’.

"SUBVERTIR" LA DEMOCRACIA

No solo en los tribunales se cuestionan los poderes de May. Un grupo de diputados en la Cámara de los Comunes también había pedido que se someta a votación los términos del ‘brexit’, antes de activar el artículo 50. Esa demanda trata de “subvertir la democracia”, según la primera ministra, quien no ha ofrecido hasta ahora detalles de cuáles serán las exigencias británicas en las negociaciones con Bruselas.

El voto en el Parlamento puede teóricamente bloquear el ‘brexit’, pero hay pocas posibilidades de que los diputados y los lores se opongan al deseo de los votantes. Los diputados en cambio pueden tener mayor control de la estrategia negociadora y conducir el ‘divorcio’ con Europa de una manera más suave y flexible. La postura de May, rechazando la libre circulación de europeos, implica la salida del Reino Unido del mercado único, algo que asusta a empresarios, inversores y mercados.

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