CRISIS POLÍTICA EN EL GIGANTE LATINOAMERICANO
El Partido de los Trabajadores de Brasil sale a la calle a defender a Rousseff y Lula
Abel Gilbert
Corresponsal en Buenos Aires
Especialista en América Latina y doctor en comunicación. Ha cubierto los principales acontecimientos políticos regionales durante las últimas dos décadas para El Periódico. Es autor de ocho libros, tres de ellos en colaboración, y se apresta a publicar otros dos.
ABEL GILBERT / BUENOS AIRES
La avenida Paulista puso en escena otra vez la profunda división de la sociedad brasileña. La Policía Militar (PM) dispersó con gases y camiones hidrantes a los manifestantes cuya ira se centra en las figuras de Dilma Rousseff e Inacio Lula da Silva. Por la tarde, fue el Partido de los Trabajadores (PT) el que ocupó ese espacio en defensa de la presidenta y su flamante jefe de la Casa Civil (Ministerio de la Presidencia). Mientras los petistas llegaban a la imponente avenida se enteraron de que el Tribunal Regional Federal de la Segunda Región rechazaba los fundamentos del juez abiertamente opositor que anuló la jura de Lula.
En este contexto, los sectores más duros de la Cámara de Diputados buscaban acelerar el juicio político contra Rousseff. El diario paulista 'Estado' celebraba esa posibilidad. En un furioso editorial, la publicación acusó a la presidenta de “haber practicado un auténtico golpe de Estado en favor de su mentor”. Pero, además, la mandataria “dio otra bofetada al decretar que deben callarse la boca aquellos que se rebelan en las calles, acusándolos de actuar sobre el efecto de emociones artificialmente creadas y, de esta manera, convertirse en instrumentos de una conspiración armada contra los intereses del pueblo”.
Las últimas protestas fueron desencadenadas por la revelación de una charla en la que Rousseff le envía a Lula un papel para usar “en caso de necesidad”, y que fue entendido como un blindaje ante la posibilidad de que el expresidente fuera detenido en el marco de la causa por los sobornos en Petrobras. El Procurador General Rodrigo Janot calificó de legal esa conversación, lo que dio pie a la presidenta para asegurar que el “pinchazo telefónico” autorizado por el juez Sergio Moro se hizo sin autorización del Tribunal Supremo.
JUSTIFICACIÓN DEL JUEZ
Moro había justificado su decisión estableciendo una analogía con el 'caso Watergate' que terminó con la dimisión del presidente norteamericano Richard Nixon, en 1974. Rousseff rebatió ese argumento: “Las situaciones son completamente diferentes: Nixon espiaba telefónicamente a todo el mundo”. Según la revista 'Carta Capital', tras esas escuchas efectuadas por la Policía Federal en el Gobierno crece la sospecha de que el Palacio Planalto es blanco completo de las intercepciones y de verdaderos “actos de espionaje”.
En ese sentido, el senador Roberto Requião, del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), un aliado del Gobierno en vísperas de romper su relación, dijo que esas acciones ordenadas por Moro pueden poner en peligro las investigaciones del escandaloso caso. “El juez cree que es un Mesías con la espada del Señor. La vanidad y el deslumbramiento pueden anular lo positivo que ya fue hecho”.
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