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Matar al mensajero: jaque al Estado del bienestar

Enric Marín

El cierre fulminante de la radiotelevisión pública de Grecia (ERT) es un hecho de una extraordinaria gravedad. Nos habla de un mundo en el que la economía domina la política y la política desprecia la cultura. Los argumentos que ha esgrimido el portavoz del Ejecutivo griego para intentar justificar la decisión son un penoso inventario de lugares comunes que dejan entrever, al mismo tiempo, desconfianza en la cultura periodística democrática e incomprensión del papel de la cultura en las sociedades avanzadas. Recuerdan la demagógica contraposición que el ministro Soria hizo entre las políticas sociales y las televisiones públicas autonómicas.

Normalmente, cuando hablamos de políticas sociales y de Estado del bienestar pensamos de forma casi exclusiva en sanidad y educación. No es casual: en los países socialmente avanzados las políticas públicas de sanidad y educación consumen unos dos tercios del presupuesto. Pero una concepción moderna de la democracia también hace hincapié en otros aspectos de las políticas públicas que no consumen tanto presupuesto, pero que son estratégicas para la consolidación actualizada del Estado del bienestar: seguridad, justicia y servicio público audiovisual.

Hoy, la cultura es creatividad, identidad y también industria. Y el eje vertebrador de las industrias culturales es el audiovisual. La industria audiovisual genera los imaginarios sociales con los que construimos nuestra visión del mundo. Los materiales básicos los proporciona la información periodística, la ficción y el entretenimiento. Ya no es imaginable una sociedad equilibrada, socialmente cohesionada y democráticamente madura sin mecanismos de creación de opinión pública independientes de los poderes políticos y económicos. Por eso es tan preocupante la crisis de credibilidad del periodismo y el recurrente cuestionamiento del servicio público audiovisual. La crisis de credibilidad del periodismo se explica, entre otros, por un exceso de promiscuidad entre políticos y periodistas, por la perversa ilusión de la gratuidad de la información y por la precarización de la profesión. En el contexto europeo, el cuestionamiento del servicio público audiovisual es un fenómeno propio del sur. Una singularidad mediterránea. Solo un dato para captar otra diferencia entre el Norte y el Sur de Europa: en el 2012 la ERT griega representó un coste de 27,9 euros anuales por habitante. Una cifra similar a la de Catalunya. En contraste, la radiotelevisión pública de Finlandia se financió en un 90% con un canon de 252.25 euros que se paga por cada televisor. Dos mundos. En el centro y el norte de Europa el caso finés no es la excepción, es la norma. Esperamos que en la Europa meridional el caso de la ERT griega no se convierta en la norma. Pero me temo que Grecia no está tan lejos.

PERIODISTA Y PROFESOR DE LA UAB

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