Florida suspende las ejecuciones tras la cruel agonía de un reo

La aplicación de la pena de muerte por inyección letal en Estados Unidos sufrió dos serios golpes el viernes. En Florida, el gobernador, Jeb Bush, se vió forzado a declarar la suspensión temporal de las ejecuciones después de que el miércoles un reo agonizó durante 34 minutos por problemas en la aplicación de los químicos letales. En California, el mismo juez que forzó en febrero la suspensión de las ejecuciones en el estado para estudiar su posible inconstitucionalidad ratificó la moratoria y, aunque apuntó a que el sistema de la inyección letal "puede arreglarse", destacó que la "dominante falta de profesionalismo" en el sistema de ejecución es, "como poco, profundamente preocupante".

El caso de Florida es de los que pone los pelos de punta. En la camilla yacía Ángel Nieves Díaz, un hombre de 55 años condenado a morir por un asesinato. Las agujas que debían inyectarle en tres fases pentotal sódico, un bromuro y cloruro de potasio, atravesaron sus venas, y los químicos fueron directamente a sus tejidos, forzando una segunda ronda de inyección. Una ejecución que habitualmente dura aproximadamente 15 minutos se alargó hasta los 34, y los testigos han descrito escalofriantemente una larga agonía en la que el preso estuvo consciente y murmurando palabras hasta el final.

DICTAMEN EN MARZO

Jeb Bush, el hermano del presidente George Bush que en enero abandona el puesto de gobernador, encargó a un grupo de doctores, abogados, científicos y representantes de las autoridades que se aseguren, según sus palabras, de que la inyección letal no representa "un castigo cruel e inusualmente inhumano" (algo prohibido por la octava enmienda de la Constitución) y de que no viola "la humanidad, el mandato constitucional y el sentido común". Bush anunció que, hasta que el grupo no ofrezca sus conclusiones el 1 de marzo, no se firmarán más órdenes de ejecución (hay 374 personas en el corredor de la muerte en Florida).

En California, mientras, donde 650 reos esperan en el corredor, el análisis detallado de las ejecuciones por inyección letal que ha llevado a cabo el juez Jeremy Fogel ya ha tenido lugar y los resultados no son favorables para los defensores de la pena de muerte. Fogel denuncia en su dictamen la potencial inconstitucionalidad del castigo y una larga lista de problemas. Entre ellos cita que los químicos que se emplean a menudo no son preparados correctamente, que las cámaras de ejecución suelen estar mal iluminadas y superpobladas y que el personal que se encarga de las ejecuciones no está ni bien preparado ni suficientemente controlado (habla de verdugos con estrés postraumático y de algunos disciplinados por traficar con drogas).

El revés para los defensores de la pena de muerte es, sin embargo, relativo. El juez Fogel propone al estado que envíe propuestas de un nuevo protocolo para las ejecuciones e incluso sugiere una opción: como en las eutanasias de los animales, inyectar a los condenados una dosis fatal de un anestésico. Además, ha dado la razón al estado al asegurar que la presencia de un médico no es imprescindible en las ejecuciones.