EDITORIAL

El engaño de reagrupar créditos

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No llega a estafa, pero es un engaño, y muy frecuente. Es la conclusión que se saca cuando se conoce el resultado de la inspección que la la Agència Catalana de Consum --dependiente de Economia i Finances-- ha hecho en 58 empresas financieras dedicadas a la reagrupación de créditos. Nada menos que 46 de ellas han cometido diversas infracciones, es decir, han informado incorrectamente a los clientes que acuden a estas entidades, en su mayoría familias acuciadas por las deudas. De que el tema es serio dan fe las sanciones que se han impuesto, sin precedentes en España: multas de 519 millones de euros por las dos prácticas más habituales: publicidad engañosa y cláusulas abusivas en los contratos. A poco que se conozca el perfil de quienes se ven necesitados a acudir a este tipo de intermediarios, y por el muestreo que ha hecho Consum, cabe deducir que estamos ante un sector donde abundan los desaprensivos sin escrúpulos.

Este tipo de situaciones solo surgen si se dan las condiciones necesarias, en este caso, el vacío regulador. Quienes ofrecen a sus clientes reagrupar todos sus créditos en uno nuevo y con cuotas mensuales sensiblemente inferiores son, en realidad, meros intermediarios, que acaban recolocando el crédito en cajas y bancos. Y sin informar con claridad, como deben, de que se alargan los plazos de amortización hasta 30 o 40 años y de que el nuevo préstamo se hace con garantía hipotecaria, es decir, sometida la mayoría de veces a tipos de interés variables (los de consumo son fijos), que cuando suben aumentan la dificultad para devolver el crédito.

En España hay 8.000 empresas dedicadas a reagrupar créditos. Siguen sin estar reguladas, porque el proyecto ministerial de una ley de consumo, prometido en marzo pasado, no ha pasado del borrador. En este limbo, tampoco es comprensible que el Banco de España, que sí es competente sobre cajas y bancos --por lo tanto, puede tener indicios de estos abusos--, y dado que el prestador final acaba siendo una entidad financiera, no haya alertado con rapidez sobre estas prácticas.

El Govern ha sabido intervenir a través de su competencia sobre consumo. Pero la pretensión de que los afectados se informen mejor a través de su web es algo ilusoria. Por el perfil de los engañados, mejor sería difundir masivamente sus recomendaciones en locutorios y sedes de asociaciones de inmigrantes, víctimas principales de la usura.