La metrópolis de Barcelona sixtuplicará la energía fotovoltaica en sus equipamientos municipales

El consumo de energía equivalente a más de 4.200 hogares. Esta es la cantidad de energía fotovoltaica que producirán las 146 nuevas instalaciones que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) prevé instalar en equipamientos municipales y espacios públicos a lo largo del próximo año y medio. Esta nueva ola de instalaciones "sin precedentes" supondrá, según el propio AMB, multiplicar por seis la energía solar generada en este tipo de equipamientos respecto a 2023 y representará el 4,1% del consumo energético de todos los suministros municipales.

“Es un proyecto en plena sintonía con el horizonte marcado por la Unión Europea y la reducción de las emisiones de CO2 de la producción eléctrica”, ha dicho la vicepresidenta de Acción Climática y Agenda Estratégica Metropolitana, Janet Sanz. Además, Sanz ha defendido que, ante discursos “catastrofistas”, políticas como las expuestas este miércoles 31 de enero, “demuestran que todavía estamos a tiempo” y que “tenemos que aspirar a un cambio de modelo productivo y que no atente contra nuestro propio territorio”.

Los dos tipos de instalaciones que se van a construir ya están en funcionamiento en varios municipios metropolitanos: cubiertas fotovoltaicas -instalaciones de placas solares en las cubiertas de equipamientos públicos, para abastecer parte del consumo del edificio- y fotolineras -puntos de recarga para vehículos eléctricos que generan la energía mediante placas solares-.

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Así, una vez finalice el proceso, todos los municipios del área metropolitana -a excepción de Barcelona, que ya trabaja con sus propios programas de energías renovables- contarán al menos una de estas nuevas cubiertas fotovoltaicas y una nueva fotolinera, un servicio que hasta ahora había sido gratuito y que precisamente empezó a ser de pago el pasado 1 de enero.

Financiación

Para la puesta en marcha de estas 146 nuevas instalaciones, el AMB contará con tres modelos distintos de financiación: el Plan de sostenibilidad ambiental (PSA) del mismo AMB, fondos europeos y la fórmula de colaboración público-privada ESCO.

La receta que más peso tendrá es el del PSA, un plan de inversiones de 110 millones de euros que busca" impulsar proyectos de desarrollo compartido entre los ayuntamientos y el AMB, para reforzar las políticas metropolitanas. Del PSA, los municipios han seleccionado los proyectos a partir de un catálogo de actuaciones ambientales con criterios que contribuyen a alcanzar los "objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, y teniendo en cuenta la situación de emergencia climática actual". De este modo, as instalaciones financiadas con fondos del PSA representan una potencia de 5,7 MWp en 18 municipios metropolitanos con una inversión total de 8,34 millones de euros.

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En segundo lugar, el AMB ha recibido recursos provenientes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), desplegado en diferentes fases, distribuyéndolos entre los municipios metropolitanos. Estos recursos permitirán que a mediados de 2025 haya una potencia de 4,4 MWp con una inversión ejecutada de seis millones.

Colaboración con el sector privado

Durante la presentación de esta nueva apuesta metropolitana, Guille López, consejero delegado de Acción Climática y Agenda Estratégica Metropolitana del AMB, ha destacado que “hemos buscado fórmulas innovadoras que gracias a colaboraciones con el sector privado suponen una aceleración de la transición energética con un coste cero para los municipios. Esto nos permite, en un contexto de aumento de los costes de la energía, generar un importante ahorro energético y económico para los municipios”.

En este sentido, los responsables del AMB han dicho que en 2023 se empezó a impulsar un tipo de contrato público dirigido a empresas de servicios energéticos "interesadas en invertir en instalaciones fotovoltaicas. Dentro de esta modalidad, llamada ESCO, una vez ha transcurrido el período de amortización de la inversión (unos 15 años), estas instalaciones retornan al Ayuntamiento, que a partir de entonces, y durante un periodo aproximado de otros 15 o 20 años -el tiempo de vida útil aproximado de las placas si se suman los primeros años de rentabilidad-, "disfrutará de la totalidad del ahorro generado y de la propiedad de la instalación".

"Las empresas se hacen cargo de la inversión, instalación y mantenimiento de las cubiertas. Cuando están en funcionamiento, los Ayuntamientos ven reducida su factura de la luz y tranfieren este ahorro al AMB y, con este dinero, el AMB hace un pago gradual a la empresa que ha desarrollado la instalación", ha explicado López. En este marco, se hizo un convenio con once ayuntamientos metropolitanos, que aportaron 27 equipamientos. A partir de aquí se hizo un concurso público dividido en dos lotes, para los que ya hay dos empresas adjudicatarias que "empezarán la instalación en los próximos meses".

La eficiencia energética

Dando continuidad al modelo ESCO, el AMB prepara ahora su replicación para "incrementar la eficiencia energética en equipamientos municipales de gran consumo". Así, con financiación del European Energy Efficiency Fund (EEEF), ha iniciado la realización de 77 auditorías energéticas en 15 ayuntamientos, que deben "permitir preparar una licitación ESCO de eficiencia para realizar las inversiones necesarias". El potencial de ahorro estimado, que deberá verificarse con las auditorías, es del 20% en los suministros de los equipamientos auditados.