Un hermano de Julio Iglesias, condenado a cárcel y a pagar 29 millones por un delito contra Hacienda

La Audiencia Provincial de Madrid (APM) ha condenado este martes a Carlos Iglesias, hermano de Julio Iglesias, a seis meses de cárcel y a pagar un total de 29,4 millones de euros entre multa e indemnización por un delito contra la Hacienda pública. Carlos, que fue mánager del artista y más tarde productor musical, deberá pagar esa cantidad después de no incluir en el impuesto de sociedades del ejercicio fiscal de 2001 la venta de varios terrenos en Madrid alegando que era residente fiscal en Panamá.

Según consideran probado los tres magistrados de la Sección número 1 de la APM, Rolimpa Trading Corporation, la sociedad panameña gestionada por Carlos Iglesias, vendió el 1 de junio de 2001 a dos cooperativas de viviendas "unos terrenos de su propiedad sitos en Vicálvaro (Madrid) por importe de 3.084.541.199 pesetas (18.538465,97 euros) y de 4.615.458.801 pesetas (27.739.466,07 euros) respectivamente, lo que hace un total de 7.700.000.000 pesetas (46.277.932,04 euros)".

Unos terrenos por los que esa sociedad apenas había pagado 601.012 euros cuando fueron comprados 12 años antes. "Las cooperativas abonaron el precio de compra, tras retener el 5% para pago del Impuesto sobre la renta de no residentes, en una cuenta del banco Continental de Panamá [...] en la que estaba autorizado Carlos Iglesias", explica la sentencia dada a conocer por la Audiencia.

Esa sociedad, Rolimpa, pertenecía Cid Holding Company, otra sociedad panameña, y a su vez esta era propiedad de Ganivet Investment SA, que, en último término, pertenecía a Carlos Iglesias. Más tarde, el propio hermano de Julio Iglesias vendió la totalidad de sus acciones a Rodes Finance Inc, otra empresa que había constituido él mismo a través de testaferros “con la sola finalidad de simular la trasmisión de la titularidad de las acciones, las cuales siguieron bajo el dominio último del acusado, quien pretendía con ello eludir sus futuras responsabilidades tributarias por la operación de venta de los terrenos”, según la Fiscalía.

A pesar de ese entramado creado para intentar despistar al fisco, la inspección determinó que Rolimpa, la sociedad original, debería haber pagado en España por el impuesto de sociedades de 2001 la cantidad de 19.624.655 euros.

La edad, un factor atenuante

El fallo desgrana los más de 29,4 millones de euros que deberá abonar en el pago de una indemnización a Hacienda de 19,6 millones de euros más intereses de demora y en una multa de 9,8 millones de euros (la mitad de esa cantidad) por el delito. Unas cantidades muy alejadas de lo que sin embargo pedía inicialmente en su escrito el Fiscal, que reclamaba para él cuatros años de cárcel, una multa de más de 98 millones de euros y los 19,6 millones defraudados.

Según explica la sentencia de la Audiencia Provincial, los magistrados han tenido en cuenta "las circunstancias personales del delincuente, de 78 años de edad", pues el artículo 305 bis del Código Penal habría supuesto para Carlos Iglesias de dos a seis años de prisión y una multa de entre dos y seis veces la cantidad defraudada (los 19,6 millones), entre otras cosas. En esta causa había, además, otra persona acusada de ayudarle, pero falleció antes de que se completase el proceso.