La queja de un lector: desplazamientos de ancianos evitables con poderes notariales

Llega el día, un jueves por la mañana. La sucursal bancaria está situada en la Rambla de Guipúscoa, en el barrio de la Verneda i la Pau de Barcelona. Padre e hijo llegan con unos minutos de retraso en un taxi adaptado. Entran en la oficina y les recibe un empleado, que confirma que solo el nonagenario puede actualizar esos datos porque no otorgó poderes a nadie. Les acompaña a uno de los despachos.

Frente a la sucursal espera el mismo taxista, Frank, que les devolverá a su domicilio. La carrera para realizar este trámite subirá unos 50 euros. “Es la primera vez que los veo, pero este servicio es muy habitual. Suelo acompañar al banco a personas mayores en silla de ruedas que necesitan presentarse cada cierto tiempo”, explica el conductor. Se refiere al conocido como ‘control de vivencia’, una obligación de las entidades financieras para verificar que sigue vivo y evitar cobros irregulares que debido a la pandemia se ha pausado para evitar aglomeraciones en las oficinas. Lo habitual es que el pensionista comparezca, pero también puede realizar esta gestión otra persona de su confianza mediante el documento de fe de vida. Con todo, no sirve al hijo para la gestión que debe realizar Álvarez padre.

A la salida de la sucursal Álvarez hijo admite que lo más conveniente será convertirse en ‘apoderado’ de su progenitor, ahora con una discapacidad psíquica muy acentuada. De esta manera podrá ahorrarle estos desplazamientos a su padre. “Era la primera vez que me encontraba con este problema”, lamenta este lector, que no dejará pasar mucho tiempo antes de visitar una notaría.

Prevención

Los poderes generales preventivos responden a la voluntad de una persona que, en previsión de una futura situación de pérdida de su capacidad, faculta a otra u otras personas para actuar en su nombre en distintos ámbitos. “Suele ser una persona de confianza, como el cónyuge o un hijo, pero también se puede mancomunar entre varias personas”, detalla el notario Albert Domingo, miembro de la Junta del Col·legi Notarial de Catalunya.

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Domingo puntualiza que este mecanismo de protección de los intereses personales de una persona ante un eventual supuesto de pérdida sobrevenida de capacidad, como es el caso del padre del lector, “no anula al padre”. “El trámite es muy sencillo, y la única documentación imprescindible es el carnet de identidad o pasaporte. En caso de duda respecto al consentimiento del poderdante y sus capacidades, se puede pedir algún informe forense”, explica este veterano notario.

El precio del otorgamiento de estos poderes generales puede alcanzar los 200 euros, impuestos incluidos. “El coste es realmente bajo –subraya el profesional- teniendo en cuenta que facilita mucho la vida a estas personas”.