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Abolir o regular la prostitución, un espinoso debate

Prostitución en una carretera, en una imagen de archivo

Prostitución en una carretera, en una imagen de archivo / RICARD CUGAT (ARCHIVO)

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Qué hacer con la prostitución es una cuestión que sigue abierta y vuelve ahora con fuerza. Es un debate complejo que, en ningún caso, debe tomarse desde el dogmatismo ni las posiciones a priori. Desconozco muchos matices. Lo he hablado y discutido en grupos feministas, con compañeros académicos, en tertulias políticas, y sigo sin saber qué opino al respecto. Si el Gobierno se propone llevar este debate a la arena parlamentaria, solo quienes trabajan, estudian, viven o sufren la prostitución deberían hablar y el resto, escuchar. Así que, más que respuestas, lo que aquí les planteo son las principales dudas o espacios de debate por hacer.

La oportunidad

Vivimos un año de especial tensión y polarización. A la tendencia binaria de la política española se le une la conformación del primer Gobierno de coalición y, casi de forma inmediata, llega la pandemia global. El tono en el Congreso y Senado llega a la violencia verbal y el populismo luce con esplendor en algunos –demasiados– discursos de sus señorías. Más allá de la foto general, el principal escollo aquí es que los dos partidos de Gobierno no tienen una visión conjunta sobre la prostitución. Si bien el PSOE se declara mayormente abolicionista, en Podemos dicen no tener aún una posición única así que el debate está abierto. Dado que seguimos gestionando la pandemia y sus consecuencias, muchas de ellas aún por venir, no parece que haya un 'momentum', una conjunción de elementos que difícilmente pueden volver a coincidir para favorecer una decisión.  

La adecuación

Con una sencilla búsqueda en internet, comprobamos que tanto asociaciones feministas como muchos medios de comunicación tienen una posición definida, fija y sin grietas. Si lo que se lleva al Congreso son estas posiciones inamovibles, difícilmente asistiremos a un debate adecuado. No habrá exposición de argumentos, valoración de los beneficios y costes, ni de las posibles consecuencias de cada opción. Tanto la prohibición de la prostitución como su regulación afectarían de forma radical a muchas vidas. Hay que escuchar a asociaciones de trabajadoras sexuales, a colectivos que trabajan la calle, a víctimas de trata y a expertos policiales en organizaciones criminales de tráfico humano. El debate no puede ser, de nuevo, entre personas que opinamos en base a criterios asumidos sin conocimiento real. ¿Qué piden las mujeres que trabajan en la prostitución? ¿Qué necesitan? ¿Se puede separar al cliente del bien que contrata cuando este afecta a la dignidad humana? ¿Cómo se pueden atacar las estructuras criminales que se lucran de la explotación sexual? Si el debate no se plantea de forma adecuada, cualquier iniciativa legislativa que surja de este será, de nuevo, papel mojado.

La realidad

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A pesar de lo expuesto, la realidad es más compleja siempre. Las organizaciones que trabajan en el ámbito de la prostitución saben que no hay un único perfil. La mayoría abrumadora son mujeres, sí, pero también hay hombres y personas transexuales y travestis. En esta radiografía, se entrelazan más niveles de vulnerabilidad: origen étnico y económico/educativo. Si cogemos pues el mapa humano de la prostitución y separamos perfiles o colectivos, podemos ir a las raíces de cada problemática. Por ejemplo, urgen de forma radical medidas que apoyen la inserción laboral de las personas 'trans', personas no binarias, personas travestidas. Hemos avanzado, sí, pero muchas de estas personas, que socialmente percibimos como “diferentes”, siguen enfrentando unas tasas de desempleo brutales. No pueden acceder a trabajos en el sector servicios, sufren discriminación en los procesos de selección y quedan fuera de cualquier oportunidad. Asegurar y proteger el acceso laboral de estos colectivos reduce la probabilidad de acabar trabajando en la prostitución. Tomemos otro colectivo: mujeres migrantes sin alta cualificación. Las raíces del problema serán de nuevo ser víctimas de violencias interseccionales de las que todos, activa o pasivamente, somos partícipes. 

Como verán, no hay respuestas aquí. Lo que hay son solo más preguntas y disposición a aprender y escuchar las respuestas y así debe encararse el debate parlamentario, de hacerse.