El futuro de la 'Superilla Eixample'
La jueza del 'caso Consell de Cent' propone negociar la ejecución de la sentencia
Los vecinos del Eixample salen en defensa inapelable de Consell de Cent
La reforma de Consell de Cent costó 26 millones
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
La jueza que ordenó en una sentencia la reversión de todas las obras ejecutadas en la calle de Consell de Cent para que deje de ser un eje verde y recupere su aspecto inicial de calle con calzada de coches y aceras para los peatones reunió el pasado miércoles, de forma informal, no oficial, al abogado de los demandantes, es decir, la asociación Barcelona Oberta, y a la de los recurrentes, o sea, el Ayuntamiento de Barcelona, que ya ha anunciado que elevará su disconformidad al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Según las fuentes conocedoras de esa reunión, la jueza planteó una salida inusual para este embrollo que ha causado estupefacción en la ciudad. Les propuso a los abogados que si las instancias superiores, TSJC y, si cabe, el Tribunal Supremo, ratifican la sentencia, se abra bajo el paraguas de su juzgado una mediación entre Barcelona Oberta y el ayuntamiento para consensuar cómo se ejecuta el fallo.
El paso, según fuente judiciales, lo dio la magistrada a la vista de que solo un día después de sellar la sentencia, los demandantes pedían que no llevara a cabo la reversión de los trabajos. Barcelona Oberta celebra ahora esa informal propuesta de mediación en el futuro, pero el remedio abre en realidad más incógnitas de las que cierra. En primer lugar, los servicios jurídicos municipales consideran que la interpretación de las normas urbanísticas sobre las que la jueza sustento su fallo es radicalmente errónea. Incluso un informe de la Generalitat avaló en su día que la reforma era plenamente legal. La hipótesis de que el TSJC corregirá la sentencia impediría, en buena lógica, que se llevara a término algún día esa mediación. En segundo lugar, todo este proceso tiene un recorrido temporal largo, de meses o incluso más probablemente de años. Consell de Cent, así, podría ser objeto de modificaciones cuando más consolidado estuviera su uso.
Las mismas fuentes consultadas ofrecen una explicación de por qué la jueza no optó, antes de resolver el caso con una sentencia tan dura, por una mediación previa. Al parecer, sopesó el hecho de que hay más demandas presentadas contra otros ejes verdes y proyectos similares y, sin que quede claro el motivo, le pareció inadecuado por ese motivo resolver la demanda de otro modo que no fuera con una sentencia.
Las cinco asociaciones de vecinos del Eixample, que este viernes 15 de septiembre celebrarán una asamblea en pleno Consell de Cent, han querido dejar claro antes de que todo esto suceda cuál es su posición al respecto. No solo hacen una defensa sin matices del resultado de las obras, sino que se oponen frontalmente a que asociaciones como Barcelona Oberta, Foment del Treball y otros actores similares puedan influir o decidir sobre el urbanismo de la ciudad si lo que en realidad hacen es defender sus intereses comerciales.
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