Recta final para el decreto que regula la escuela concertada

En un suponer, el Departament d'Educació fue el que más descolocado debió quedarse con el indeterminado anuncio electoral del 'president' Quim Torra. Entre otras cosas, porque tiene sobre la mesa un par de decretos que vienen a modificar significativamente el panorama de la enseñanza pública y concertada. Este miércoles se ha abierto el mes de exposición pública de la norma que aborda la regulación de los conciertos educativos, que se rigen por un texto de 1993. La otra normativa es la que tiene que ver con el procedimiento de admisiones. Ambas beben de una misma fuente: el pacto contra la segregación escolar impulsado por el Síndic de Greuges y firmado por un volquete de administraciones y entidades de todo tipo. Sea por el olor a urnas o porque se está tocando hueso con la escuela privada subvencionada por el Govern, el asunto está levantando ampollas. 

El texto provisional del decreto que ordena el concierto educativo confirma lo que ya se había avanzado. Todas las escuelas que no ofrezcan una educación mixta pueden irse olvidando del dinero de las arcas públicas. Pilar Contreras, directora general de centros concertados y privados, explica que esta medida afectará a una docena de colegios, y que alguno de ellos, como el Institució Igualada, ya han corregido esta situación y, por lo tanto, seguirán bebiendo del presupuesto de la 'conselleria'. Tampoco será admisible que una concertada cobre a las familias una cuota similar a la de una privada. ¿Pero cuál es el coste real de una plaza? Eso es algo que todavía se está estudiando. 

En las últimas semanas, una facción de la escuela concertada se ha alzado contra el 'departament' al entender que el equipo del 'conseller' Josep Bargalló pretende guillotinar este modelo educativo. Entre otras cosas, se quejan de que el decreto de admisiones cuarta la libertad de los padres a la hora de escoger centro al obligar a los colegios a reservar plazas para familias desfavorecidas. Y porque se cambia el modelo de matriculación, puesto que será Educació quien, antes de iniciar el proceso, marque las plazas disponibles en cada escuela. La Confederación Cristiana de Padres y Madres de Alumnos de Catalunya (Ccapac) y la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Escuelas Libreses (Fapel) han presentado 120.000 firmas contra la normativa. Están de acuerdo en combatir la segregación escolar, pero se preguntan quién pagará la fiesta.

Muchas familias con niños en la concertada recibieron una carta en la que se instaba a firmar contra el decreto de la 'conselleria'. Contreras tuvo ocasión de leer la misiva, en la que poco menos que se señalaba el ocaso del modelo educativo concertado catalán. "Hay aspectos de la carta que no puedo entender, ya que esas patronales firmaron el pacto contra la segregación escolar y durante la negociación nos hemos puesto de acuerdo en el 95% de las cosas. Estaban de acuerdo en el contenido".  Niega que el modelo esté en peligro, niega que los colegios concertados vayan a recibir menos dinero y afirma que las escuelas que más alumnos en situación de vulnerabilidad acojan, recibirán más medios económicos, pero no al revés. En cualquier caso, empieza el mes de discusión con la idea de aprobar los dos decretos (el de admisiones le lleva unos 15 días de ventaja) antes de verano. Con elecciones de por medio. O no.