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APOYO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Andalucía pone en marcha la universidad semigratuita

La Junta bonificará el 99% del coste de las asignaturas por cada materia aprobada durante el curso anterior

La medida, que tendrá un coste de entre 25 y 30 millones, empezará a funcionar en septiembre para 30.000 estudiantes

JULIA CAMACHO / SEVILLA

Pruebas de selectividad en la Universidad de Sevilla.

Pruebas de selectividad en la Universidad de Sevilla. / EFE / JULIO MUNOZ

A los estudiantes de Andalucía la universidad pública les puede salir gratis. El Gobierno de Susana Díaz pondrá en marcha a partir del próximo curso una bonificación del 99% del coste de cada asignatura con el único requisito de haber aprobado previamente otra asignatura, sin tener en cuenta el nivel de renta. La iniciativa, que tendrá un coste estimado de entre 25 y 30 millones de euros y que según la Junta está basada en el modelo alemán, es compatible con el derecho a obtener una beca para alojamiento, manutención o ayuda escolar.

La gratuidad de los estudios universitarios fue una de los mensajes lanzadas durante la pasada campaña de las primarias socialistas por Díaz, fiel a sus tesis de que Andalucía es el laboratorio de ideas del PSOE-A. “Quiero un modelo universitario que premie el esfuerzo y blinde la igualdad: matrícula gratis para quien apruebe y potente sistema de becas”, dijo en las redes sociales, aunque a la hora de presentar su documento político habló de un sistema de préstamos públicos de 24.000 euros a interés cero, al modo norteamericano, lo que fue criticado incluso por compañeros de partido por su carácter liberal. Ahora ya no hay créditos bancarios, sino bonificaciones.

Las matrículas más baratas de España

Con el crédito a 12,62 euros, o a 13,68 euros en el caso de un máster habilitante, Andalucía cuenta con el precio de matrícula universitaria “más barato y accesible de entre todas las comunidades autónomas” españolas, según se vanaglorió el pasado curso el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano. Unos precios que se han mantenido estables en los mínimos permitidos por la normativa del Estado durante los últimos cuatro años.

De esta manera, el alumno deberá pagar el primer curso universitario, salvo si le corresponde una beca del Estado. Al año siguiente, por cada asignatura aprobada, abonará un precio simbólico de un 1%. Por ejemplo, si un curso universitario de Derecho cuesta un mínimo de 757 euros, en caso de aprobar todas las asignaturas al año siguiente solo debería abonar poco más de 7,5 euros.

Díaz, que defendió esta medida como “garantía de la igualdad de oportunidades”, explicaba que se tiene que dejar ese 1% debido a que la horquilla de precios públicos las fija el Gobierno central para que, después, cada comunidad establezca el coste que considere oportuno. E ironizaba acerca de que si hubiera puesto la gratuidad total, el Gobierno del PP le hubiera impugnado en los tribunales, “como de costumbre”. “Esta medida permitirá que miles de estudiantes puedan continuar sus estudios al margen de los ingresos económicos de sus padres y de los caprichos de algún ministro”, en alusión a José Ignacio Wert, “que no entendió que medio punto en algunas familias para acceder a las ayudas es un proyecto de vida completo”.

PARA GRADOS Y MÁSTERES

La bonificación será válida tanto para los grados universitarios, que en la actualidad cursan unos 30.000 estudiantes, como para los másters, sean o no habilitantes (obligatorios para cursar ciertas profesiones). Los fondos de esta medida se incluirán como añadido al plan de financiación de las universidades públicas, que precisamente se negocia estos días entre críticas de la oposición por la elevada deuda de la Administración andaluza con los centros educativos.

La propuesta será presentada oficialmente este miércoles en el transcurso del Debate sobre el Estado de Andalucía, en el que la presidenta autonómica tratará de dar un impulso a su gestión regional después de un periodo centrada en el liderazgo del PSOE. No obstante, ya ha adelantado algunos aspectos de la nueva medida, que se incluirá en el Decreto de Precios Públicos que cada año aprueba el Consejo de Gobierno en el mes de julio y que fija el coste de las tasas universitarias.

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