El CES advierte de que las nuevas reglas fiscales pueden frenar la inversión en países como España

El Consejo Económico y Social (CES) advierte de que el marco de las nuevas reglas fiscales que está adoptando la Unión Europea puede lastrar la capacidad de países, como España, de financiar inversión transformadora. Por ello, en su 'Informe sobre la Gobernanza Económica de la UE', difundido este miércoles, el organismo que preside Antón Costas aconseja que, en paralelo a la recuperación de la disciplina fiscal, "la Unión Europea cree mecanismos europeos permanentes de apoyo presupuestario y financiero a la inversión de los Estados", si se quiere evitar que en el seno de la UE aumenten las divergencias internas en el ritmo de transformación en los ámbitos ecológico y digital.

"La Unión Europea tiene que decidir si quiere ser madrastra, como lo fue en la crisis de 2010, con un comportamiento rígido e inmisericorde; o si quiere ser hada madrina, como lo ha sido tras la crisis del covid", ha dicho Antón Costas durante la presentación del informe sobre las nuevas reglas fiscales, que ha sido coordinado por Antonio Romero, miembro del CES y ejecutivo de la CECA.

La prórroga futura de mecanismos que se pusieron en marcha en respuesta a la crisis del covid -como el Instrumento de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo, conocido como SURE, para estabilizar las economías protegiendo el empleo y el aparato productivo; o el programa de fondos europeos 'Next Generation EU'- y el avance en la unión bancaria, en el mercado único de capitales y en la integración fiscal son los instrumentos que, desde el punto de vista del CES, deberían acompañar a la implantación del nuevo marco de disciplina fiscal si se quiere evitar que este acabe estrangulando un crecimiento económico sostenible.

Plan de ajuste

Las nuevas reglas fiscales -que ha sido aprobadas por el Parlamento Europeo y serán efectivas a partir de 2025- exigen a cada estado miembro con un nivel de deuda superior al 60% del PIB (o un déficit por encima del 3% del PIB) un plan de ajuste a cuatro años. Según estimaciones de la Autoridad Fiscal (Airef), del Banco de España o del Fondo Monetario Internacional (FMI), las nuevas reglas exigirán a España un ajuste anual en el entorno del 0,63% del PIB en cada uno de los próximos cuatro años (equivalente a unos 9.900 millones de euros para cada ejercicio, con datos de PIB de 2024). El nuevo marco europeo permite distribuir el ajuste en un periodo más amplio, de siete años, condicionado a determinados compromisos de inversión. Para este supuesto, la Airef estima el ajuste anual necesario en el 0,43% del PIB (equivalente a un ajuste de unos 5.600 millones para cada uno de los siete ejercicios, con datos de PIB de 2024). En todo caso, se trataría de un ajuste aproximado de unos 40.000 millones (en euros de 2024) repartidos en cuatro o en siete años.

A partir de los datos de la oficina estadística europea Eurostat, 19 de los 27 miembros de la UE incumplen al menos uno de los dos umbrales (deuda y déficit) que abocan a un plan de ajuste del gasto. "Estamos ante una cuestión relativamente generalizada", ha afirmado Antonio Romero. Y es que, según el informe del CES -que va a ser presentado por Antón Costas en el Congreso de los Diputados, para su debate de cara a las próximas elecciones europeas de junio- "el problema fundamental del nuevo marco de supervisión fiscal es que deja a los Estados más endeudados un margen fiscal muy estrecho para financiar la inversión transformadora".

El informe -consensuado entre 60 consejeros y consejeras del CES- concluye que, aunque en las nuevas reglas fiscales hay mejoras, "el nuevo marco continúa dificultando la política fiscal anticíclica de los estados miembros". Aunque se introducen incentivos a la inversión (al permitir distribuir en siete años el ajuste inicial de cuatro años), se considera que estos son insuficientes, dada la necesidad de afrontar las transiciones en marcha. "Si no hay un mayor volumen de recursos europeos, va a ser imposible hacer compatible esa disciplina fiscal con las exigencias de inversión necesaria", ha resuelto el coordinador del informe, Antonio Romero.