Primero de Mayo: reducir la jornada y otras 4 reformas laborales que el Gobierno tiene pendientes

El mundo del trabajo en España vuelve a vivir un Primero de Mayo cargado de tintes electorales. A menos de dos semanas de los comicios catalanes, con la resaca todavía de la no dimisión de Pedro Sánchez y a poco más de un mes para las elecciones europeas, los sindicatos movilizan a sus afiliados y simpatizantes para conmemorar otro Día Internacional del Trabajo. Y es que pese a que tanto Catalunya como el conjunto de España ostentan récords de ocupación, el mercado laboral sigue teniendo pendientes multitud de retos para corregir desigualdades y ampliar el número de personas que se ganan dignamente la vida a través de su profesión.

El empleo ha evolucionado sorprendentemente bien desde la salida de la crisis del covid, registrando cifras de crecimiento récord. Para ponerlo en contexto, España creó los mismos empleos en 2023 que Alemania y Francia juntas. No en vano, uno de los lemas que lucirán los sindicatos mayoritarios este miércoles en sus manifestaciones será: "Por el pleno empleo". Y es que, pese a los avances, queda camino por recorrer. España siga ostentando la tasa de paro (12,3%) más alta de la Unión Europea y en Catalunya, si bien es algo más baja (9,5%), triplica la de Alemania.

Aunque el mercado laboral no solo tiene pendiente ganar en número de ocupados, sino también mejorar las condiciones de los ya ocupados. La reducción de la jornada es otra de las banderas destacadas que desfilarán este Primero de Mayo. Junto a unos mejores salarios, adaptar la legislación a un mercado laboral cada vez más envejecido y a la vez hacerlo sin descuidar las situaciones de precariedad que viven un gran parte de los jóvenes. Sobre varias de estas cuestiones el Gobierno tiene reformas al respecto anunciadas, pero aún pendientes.

Reducir la jornada laboral a 37,5 horas

Es la reforma "más importante seguramente de esta legislatura". Así ha definido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la reducción de la jornada hasta el equivalente a 37,5 horas semanales. La coalición tiene comprometido bajar ya este año hasta las 38,5 horas y en 2025 llegar a las 37,5 horas, algo que afectaría a nueve de cada 10 asalariados hoy cubiertos por un convenio colectivo en vigor. Siempre manteniendo el mismo salario.

La patronal, por el momento, no está por la labor de consensuar la reforma y ello promete dilatarla. Fuentes de Trabajo explican que, a menos que la CEOE dé su beneplácito, la tramitación de la rebaja se iría a finales de año, lo que, de facto, provocaría que la entrada en vigor de las 38,5 horas se haría ya a partir de 2025. No está claro todavía cómo se concretaría la reducción de jornada, si pasaría por salir unos minutos antes cada día del trabajo o tener más días libres a lo largo del año.

La reducción de la jornada laboral beneficiaría más a hombres que a mujeres, en tanto que se centraría especialmente en aquellos sectores más industriales o de la construcción. En gremios como la hostelería o el comercio, con mayor presencia femenina, su principal problema horario es la distribución irregular de la jornada. No alcanzan muchas veces las 40 horas semanales, pero les tocan turnos partidos o en fines de semana, lo que dificulta la conciliación y les deja un peor salario.

Elevar el coste del despido

Otra de las reformas destacadas en relación al mercado laboral esperadas para esta legislatura es la modificación del coste del despido. El pasado 31 de marzo el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) dio respuesta a la denuncia interpuesta por UGT y dictaminó que la actual legislación laboral no protege de manera suficiente a los trabajadores españoles en caso de despido.

Las indemnizaciones, especialmente en el caso de aquellos trabajadores con menos antigüedad, no son suficientes a ojos de Europa. Hasta el punto de que ya hay varios tribunales que han concedido importes adicionales a empleados que han impugnado su despido. Hasta ahora el PSOE había sido reacio a tocar esta cuestión y el despido se excluyó explícitamente de la última reforma laboral, que mantuvo las mismas condiciones heredadas de Mariano Rajoy.

Sobre esta cuestión, Yolanda Díaz contempla el conocido como "despido restaurativo", es decir, modular la cuantía final de la indemnización en función de las circunstancias personales del afectado. No le deja igual de vulnerable un despido a un joven de 25 años sin cargas familiares y toda la carrera profesional por delante, que a una madre monomarental de 40 años o a un veterano de 58 años y que tendrá muchas dificultades para volver a encontrar otro empleo dada su edad. La filosofía de la reforma es esa, si bien los detalles de la misma están todavía por perfilar y no se han empezado a debatir en el seno del diálogo social.

Reformar la jubilación anticipada

El mercado laboral, como el conjunto de la sociedad, cada día está más envejecido. El peso de los jóvenes se ha diluido y la esperanza de vida va subiendo, lo que ha empujado a todos los estados europeos a tratar de alargar la vida laboral de su gente para apuntalar la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones. En España, el actual Gobierno apuesta más por la vía de incentivar a la gente, más que obligarla, a trabajar más años. Por eso está negociando con patronal y sindicatos, entre otros, como reformular la jubilación activa.

En paralelo, hay colectivos que llegan muy perjudicados a nivel de salud a la edad legal de jubilación, hoy en 66 años y medio. Es por ello que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social está negociando con patronal y sindicatos una reforma para extender la posibilidad de la jubilación parcial anticipada más allá de la industria manufacturera, a cuyos trabajadores actualmente se circunscribe, y vinculada a un contrato de relevo.

El Ejecutivo también trabaja para reformular los mecanismos que permiten a los empleados de un determinado gremio jubilarse antes de los 66 años y medio sin ver mermada su pensión. Aquí quiere pactar con los agentes sociales una serie de indicadores, lo más objetivos posibles, para determinar cuando un oficio es muy peligroso o penoso y sus profesionales han de poder retirarse unos años antes. Lo que pasa por que las empresas de dicho sector paguen mayores cotizaciones. Por el momento las posturas están alejadas y el acuerdo se hará esperar.

Desencallar el Estatuto del Becario

Una asignatura que le quedó pendiente al Gobierno de la pasada legislatura es el Estatuto del Becario. Este es una serie de medidas para mejorar la protección de los estudiantes en prácticas y eximirles de parte de los costes que implica hacer unas prácticas, como es el caso del transporte o los materiales necesarios. Costes que asumirían las empresas, a las que el Gobierno también pretende exigir mayores garantías de que relamente están formando a estudiantes y no empleando a peones de bajo coste.

La resistencia tanto de las empresas como de las universidades -grandes empleadoras de estudiantes- arrastró a teóricos aliados del Gobierno, como ERC, el PNV o EH Bildu, a rechazar dar su apoyo a esta medida. Y es que los dos primeros partidos gobiernan en sus respectivas autonomias y su 'sí' les habría podido enfrentar con los rectores. Si bien en el plan anual normativo del Gobierno para este 2024 está prevista la aprobación del Estatuto, por el momento no ha habido nuevos movimientos en esta materia.

Aprobar los protocolos contra el acoso LGTBI

Todas las empresas ubicadas en España y con una plantilla de 50 empleados o más tienen desde el 1 de marzo la obligación de disponer de un protocolo contra el acoso laboral a las personas LGTBI. Así quedó especificado en una ley aprobada el año pasado y que daba ese margen a las compañías para adaptarse. El Gobierno se comprometió a elaborar un modelo para guiar a las compañías, pero de momento no lo ha hecho y ello ha dejado en barbecho el cumplimiento de la medida.

El Ministerio de Trabajo lleva varias reuniones con los agentes sociales para tratar de diseñar consensuadamente dicho modelo, pero de momento no han logrado cerrar un acuerdo. Este no pinta lejano, según trasladan fuentes conocedoras de las conversaciones, pero las reticencias de las compañías a asumir nuevos trámites está frenando los avances.

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