Transición energética

Puente urge a la Comisión Europea a revisar la directiva de emisiones del transporte marítimo

España defiende medidas frente al posible desvío del tráfico de las navieras a puertos del norte de África

¿Cómo afecta la nueva obligación de pago por derechos de emisión en el transporte marítimo?

El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante su intervención en el Consejo Europeo.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante su intervención en el Consejo Europeo. / EP

Glòria Ayuso

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha instado a la Comisión Europea a realizar una revisión urgente de la directiva que desde el 1 de enero incluye al transporte marítimo en el pago por derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en sus rutas con entrada y salida de puertos europeos. Puente ha presentado una declaración a los Estados miembro en la que reclama el diseño de medidas que se aplicarían en caso de que las navieras opten por esquivar estos pagos modificando sus rutas realizando transbordos en puertos fuera de la Unión Europea, con el objetivo de "enviar una señal al mercado".

A petición de España, los ministros homólogos de 17 países se han reunido en Bruselas para abordar una posible pérdida de competitividad de los puertos europeos por la extensión al transporte marítimo del régimen de comercio de derechos de emisiones (ETS), que ya se aplica en la aviación y en las actividades más contaminantes. Puente ha transmitido la preocupación de los puertos españoles ante este riesgo, que ha motivado un paro de dos horas, este miércoles, de los trabajadores de la estiba, y ha presentado una serie de medidas para mitigar en el corto plazo los posibles riesgos.

Monitorización permanente

La directiva incluye actualmente un mecanismo de revisión de su aplicación cada dos años para incorporar medidas ante una posible desviación de rutas. Sin embargo, el ministro ha reclamado que se amplíe el alcance de este mecanismo, estableciendo una monitorización permanente, con el fin de atajar esta posiblidad antes de que se produzca. En la declaración, que busca obtener el apoyo del resto de Estados, España reclama no sólo observar si se producen alteraciones del tráfico, sino también de forma preventiva las probabilidades de su desvío, además de activar algún tipo de medida cuando exista una amenaza inminente de cambios de ruta.

En la reunión, además de España, han participado los ministros de Transporte de Chipre, Finlandia, Malta, Italia, Croacia, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Francia, Portugal, Suecia, Romania, Eslovenia, Países Bajos y Grecia. Según el Ministerio, han convenido que estudiarán la declaración para manifestarse al respecto.

El ministro ha expresado su preocupación por "los riesgos de fuga de carbono, pérdida de competitividad portuaria y pérdida de control sobre la soberanía comercial de la Unión Europea, debido al desvío del tráfico marítimo a puertos vecinos no europeos para evitar los costes de los ETS".