Dos de cada 10 euros que la Generalitat presta van a agricultores y empresas agropecuarias

La Generalitat de Catalunya, a través del Institut Català de Finances (ICF), prestó a lo largo del 2023 un total de 101,4 millones de euros a empresas del sector agropecuario. Representan casi dos de cada 10 euros prestados por el ICF durante el ejercicio pasado, concretamente el 17%. Y, entre estos, la gran mayoría fueron prestamos de emergencia a payeses que necesitan un empujón para poder cubrir todos los gastos y superar el bache en el que los ha instalado, primero, el encarecimiento de costes derivados de la guerra de Ucrania y, ahora, la peor sequía en lo que va de siglo.

La consejera delegada del ICF, Vanessa Servera, ha presentado este miércoles el balance del ejercicio 2023 de esta entidad financiera pública y dependiente de la Generalitat. Sus resultados se empapan de la actual situación de conflicto que vive el campo. Y es que el ICF ha triplicado el número de operaciones efectuadas en 2023 respecto al año pasado. No porque haya prestado mucho más dinero, sino porque la Generalitat ha tirado de este organismo para inyectar liquidez a base de pequeños préstamos a payeses. Tres de cada cuatro receptores de un préstamo público del ICF fueron sociedades mercantiles del sector primario.

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El ICF concedió durante 2023 un total de 597,2 millones de euros en créditos, un 25% más que durante el ejercicio anterior. De estos, 101,4 millones de euros fueron al sector primario, es decir, el 17%; para un sector que aporta el 2,4% del PIB. Es el tercer ramo de actividad que más créditos recibió del ICF, superado por la industria manufacturera (150,4 millones de euros) y el comercio, el turismo y el transporte (134,2 millones de euros).

La gran mayoría de estos créditos son pequeñas inyecciones de liquidez que el Govern habilitó ya el año pasado, antes de la irrupción de las tractoradas y demás recientes protestas. En diciembre 2022 habilitó una línea de microcréditos, de entre 10.000 y 100.000 euros a devolver en seis años y con un periodo de gracia durante los dos primeros, que distribuyó un total de 77 millones de euros. Unos fondos aplaudidos por el sector y que han tenido réplica durante este ejercicio 2024.

En enero el ICF sacó un presupuesto de 20 millones de euros, que ya ha distribuido. Hace unas semanas, ya con los tractores planeando su irrupción en Barcelona, el conseller David Mascort anunció una ampliación hasta los 55 millones de euros, que todavía están en distribución. Y desde el ICF no descartan que a lo largo del año, dada la actual coyuntura climática y la tensón de la protesta agraria, dicho presupuesto siga ampliándose.

Morosidad a la baja

El apoyo financiero de la Generalitat al sector primario se ha disparado en el último año. El ICF maneja actualmente una cartera crediticia por valor de 2.245 millones de euros. De estos, el 5%; es decir, 117 millones de euros, están firmados con empresas agropecuarias. Y solo durante el 2023 se han emitido 101 millones de euros en préstamos, disparando así una aportación que hasta ahora había sido muy residual por parte de la entidad financiera pública catalana al campo.

La consejera delegada del ICF se ha mostrado satisfecha con la evolución general de las cuentas de la entidad. Ha destacado la ligera disminución del índice de morosidad, situándose en el 7,1%, cuatro décimas menos que un año antes. Y también ha señalado que la misma "está muy distribuida, no estamos detectando que un sector esté con más problemas que otro”.

En la línea del sector privado, el ICF ha rebajado sus operaciones de capital riesgo dada la persistencia de tipos altos de interés y la alta volatilidad de los mercados exteriores. Es por ello que ha disminuido su inversión emitida el 35,4%, hasta los 43,8 millones de euros en 2023.

En esa misma línea, la situación de altos tipos de interés ha derivado en una mejora del resultado de la entidad, que cerró el ejercicio pasado con un beneficio de 49,5 millones de euros, casi el doble que el registrado durante 2022. La situación de caja es de 288 millones de euros en activo disponible en la tesorería y una solvencia estimada del 38,4%, cuando la banca privada está en una media del 16,7%.