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20 entidades y patronales de Catalunya reclaman una mejor financiación: pacto fiscal o modelo federal

Las 13 cámaras de comercio catalanas, Foment, Pimec, FemCAT, el Col·legi d’Economistes, el RACC, Barcelona Global y el Cercle d’Economia reclaman un sistema con mayor autonomía financiera

La inversión del Estado ejecutada en Catalunya en 2022 solo fue el 10% del total

Aragonès y Pedro Sánchez

Aragonès y Pedro Sánchez / ALBERT BERTRAN

Agustí Sala

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Nuevo intento de lograr una mejora de la financiación autonómica. Una veintena de entidades y patronales se han aliado para exigir un nuevo modelo de financiación, sea través de una "profunda reforma" del actual o mediante "un modelo federal o un pacto fiscal". La petición se realiza a través de un manifiesto al que se han sumado las 13 cámaras de comercio catalanas, Foment del Treball, Pimec, FemCAT, el Col·legi d’Economistes de Catalunya, el RACC, Barcelona Global y el Cercle d’Economia.

Los firmantes aseguran que el sistema actual "no es ni transparente, ni equitativo, ni eficiente y representa un obstáculo importante para el progreso económico y el bienestar social de muchas comunidades autónomas, entre ellas, Catalunya". A su juicio, un modelo federal o un pacto fiscal, acompañado de un mecanismo de solidaridad, haría el sistema "transparente y eficiente". Un modelo federal como el de EEUU, agregan, redefiniría la capacidad normativa, de gestión, de recaudación e inspección de todas las autonomías. Y permitirá "al Estado y las comunidades autónomas compartir las mismas bases imponibles".

Por su parte, un pacto fiscal permitiría "avanzar hacia un modelo más transparente y también aseguraría la suficiencia financiera de Catalunya". La Generalitat administraría y recaudaría todos los tributos que se generan en el territorio y asumiría un poder normativo sobre los mismos "similar al que asumen las comunidades forales".

Hace poco más de un año ya se produjo un movimiento similar protagonizdo entonces, además de por tres de las 13 cámaras, lideradas por la de Barcelona, que entonces aún estaba digida por una candidatura independentista, por Pimec, Cecot, patronal vallesana asociada a Foment (que ha anunciado que se suma a esta nueva inicaitiva) o el lobi FemCat. con un tono más soberanista, entonces se basaban en el documento del grupo Economistes del Benestar, que cifraba "la falta de equidad en la distribución de recursos públicos". A la vez se comparaba el modelo de financiación catalán con el sistema foral del País Vasco. El estudio destaca baque Catalunya sufre "un déficit fiscal" equivalente al 8% de su producto interior bruto (PIB) desde 1986 y que "dispondría de unos 20.000 millones de euros más en su presupuesto si dispusiera de un sistema como el cupo vasco o el navarro".

Autonomía financiera

Según el nuevo manifiesto de las 20 organizaciones del tejido económico y empresarial si la opción fuera la reforma del modelo actual de financiación esta debería "muy profunda y amplia" para asegurar la autonomía financiera, proclaman. En este sentido, este conjunto de organizaciones afirman que habría que ampliar "de forma sustancial" la cesta tributaria y la capacidad normativa autonómica. En el comunicado destacan que "si la autonomía financiera no se resuelve de manera definitiva y diáfana seguiremos instalados en el debate permanente y confuso sobre los desequilibrios financieros a nivel territorial".

Además de restar recursos para algunas comunidades autónomas de manera "injusta e ineficiente, estas dinámicas polarizan a la sociedad y desvían las energías de los enormes retos que se han de afrontar". Y exige reformar el modelo de anticipos, "que limita la capacidad de gestión tributaria especialmente durante las crisis económicas". Destacan que el desfase temporal entre la evolución económica de cada comunidad y las transferencias recibidas de la administración "dificultan la predictibilidad de los ingresos por parte de los territorios e introducen inestabilidad de manera estructural".

Lealtad institucional

Las organizaciones firmantes recuerdan que sea el modelo que sea por el que se opte debe pactarse por el conjunto de las fuerzas políticas e introducir mecanismos que garanticen la lealtad institucional y blindar las competencias de cada administración.

Otro de los requisitos, añaden, es apostar por un sistema equitativo y que respete el principio de ordinalidad. Se trata de que se garantice que las comunidades que más aportan no pierdan posiciones en la clasificación una vez aplicado el principio de solidaridad. El sistema actual contempla un conjunto de variables específicas para asignar los recursos, como la estructura por edades de la población o la insularidad, pero no incluye el diferencial del coste de la vida por territorios. "Un euro no compra la misma cesta de productos en todas las comunidades", recuerdan.

Con el modelo actual, caducado hace 10 años, Catalunya es la segunda comunidad, excluyendo las forales, en términos de producto interior bruto (PIB) per cápita, pero cae al décimo puesto en recursos recibidos y al número 14 si se tiene en cuenta el coste de la vida. Y subrayan que los territorios más densamente poblados y con potencial económico han de recibir un volumen de inversiones proporcional a su peso y necesidades. A su vez aprovechan para exigir mayor correspondencia entre lo presupuestado y lo ejecutado.