El campo español inicia un goteo de protestas a remolque de Europa

Empezaron el martes pasado los agricultores de Zamora. Les han seguido este jueves los de Huelva -que han llevado sus tractores hasta Sevilla-, los de Valladolid y los de León, que han salido a las carreteras sin preaviso... El descontento en el campo español se extiende siguiendo la estela marcada por los productores de media Europa, desde Polonia y Rumanía hasta las vecinas Francia y Portugal, pasando por Bélgica, Italia, Alemania y Hungría. La próxima semana están previstas acciones de protesta en al menos una veintena de provincias españolas. En concreto, los días 6 y 9 (martes y viernes) prometen ser jornadas negras en las carreteras de todos esos territorios. En Catalunya, el sindicato mayoritario, Unió de Pagesos, seguirá calentando motores el día 13, con una tractorada que prevé cerrar los accesos al puerto de Tarragona. El gran colofón a este mes de febrero de agitación en el sector agropecuario está previsto para el 21 de febrero, cuando están llamados a manifestarse por Madrid varios miles de productores con sus vehículos agrarios.

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"Es una situación que viene de lejos, que acumula muchas, muchísimas, causas y reivindicaciones y que ahora explota", explica Pere Roqué, presidente en Lleida de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), uno de los sindicatos que han promovido las movilizaciones. Este viernes, los dirigentes de esta entidad, junto con los de Conferederación de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) y la Unión de Productores Agrarios (UPA), se reúnen con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para presentarle en persona sus reclamaciones y escuchar a ver qué soluciones les propone el titular del departamento.

Si no se han movilizado antes, prosigue el miembro de Asaja, "es porque ha costado coordinar a todos implicados, ya que si se hacía algo tenía que ser global, de todo el sector junto y no solo de unos pocos". Los manifestantes están intentando, además, evitar que se les instrumentalice y que algunos partidos utilicen su malestar como arma arrojadiza contra el Gobierno central o de cara a las elecciones europeas del próximo junio, como ha ocurrido en países como Francia o Alemania donde se ha apuntado a la extrema derecha como impulsor de las protestas. "Somos payeses a título personal, sin politizaciones, y no queremos ir a romper nada, solo que se nos escuche", asegura Germán Domínguez, portavoz del sindicato Unió de Pagesos en el área del Baix Llobregat, en el parque agrario situado junto a Barcelona. "Seguro que no se va a ver a ningún político al volante de un tractor en las protestas", apostilla Roqué.

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Competencia desleal

Inmersos en una casi permanente crisis de precios, con problemas de mano de obra y un difícil relevo generacional, los agricultores y los ganaderos españoles han visto cómo en los últimos años las exigencias de las diferentes administraciones, al dictado de las directrices marcadas por la Unión Europea, han hecho cada vez más difícil asegurar la rentabilidad de sus explotaciones. "La Agenda 2030, que tantas condiciones nos ha impuesto a los productores europeos en términos de sostenibilidad ambiental y de contratación de mano de obra, está siendo totalmente ineficaz desde el momento en que se permite que las importaciones que llegan desde países extracomunitarios no reúnan los mismos requisitos de calidad, de seguridad alimentaria y de precios", prosigue Roqué. En el caso español, además, se ha añadido una crisis doméstica muy concreta: la sequía que viene mermando cosechas desde hace ya tres años.

Además de las quejas por la presión que ejercen las medidas impuestas desde Bruselas, entre las reclamaciones de los afectados hay cuestiones dirigidas al Gobierno central y los autonómicos. Al ministerio le exigen que establezca de una vez los criterios para determinar los costes de producción, tal y como prevé la ley de la cadena alimentaria, de 2021. De este modo, se avanzaría para conseguir que los precios que perciben los payeses se sitúen por encima de esos costes.

También piden un apoyo claro al gasóleo agrícola. "Que tenga el descuento en el lugar de abastecimiento, como se hizo en la época poscovid para toda la ciudadanía, en lugar del sistema actual, que consiste en una desgravación de impuestos a fin de año, cuando se presentan los gastos anuales", afirman los agricultores.

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En el caso catalán, una de las peticiones más urgentes es el pago de las ayudas comprometidas por la sequía del año pasado en el sector de cereales y herbáceos y la subsiguiente reforma del seguro agrario, para dar mejor cobertura al cambio climático. Piden, asimismo, que el Gobierno les conceda una moratoria indefinida para la puesta en marcha del cuaderno digital de explotación y les rebaje la carga burocrática.

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