Acuerdo para los presupuestos
La Generalitat contratará 230 nuevos orientadores para ayudar a parados a encontrar empleo
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Gabriel Ubieto
Redactor
Periodista de economía, centrado en el mercado laboral. He crecido como redactor en El Periódico, pero antes hice prácticas en La Vanguardia y escribí durante seis meses desde Chile para Hemisfèria.cat. Ganador del premio Ramon Barnils (2015) por el reportaje "Els ultres prenen partit".
El Govern de la Generalitat se compromete a contratar a 230 nuevos orientadores profesionales para ayudar a personas en desempleo a encontrar trabajo. Este es uno de los puntos consensuados con patronales y sindicatos que está incluido en el acuerdo para unos nuevos presupuestos. Acuerdo que se firmará este viernes en un acto previsto en el Palau de la Generalitat y que incluye otras mejoras sociales, como la revalorización automática de los subsidios sociales a partir del 2025.
Reforzar los servicios públicos de empleo es uno de los compromisos que el Ejecutivo catalán ha pactado con los agentes sociales. Y es que pese a que Catalunya lleva inmersa en un proceso de expansión del mercado de trabajo desde hace dos años, su tasa de paro sigue siendo una de las más elevadas de toda Europa. Según los datos del tercer trimestre, la ratio de desempleados era del 8,5%. Y en caso de colectivos especialmente vulnerables, como los jóvenes, supera el 20%.
Para tratar de rebajar dichos porcentajes e integrar a más gente al mercado laboral, el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) reforzará su plantilla durante el año 2024 con un total de 230 nuevos orientadores profesionales. Técnicos especializados en trazar itinerarios formativos y acompañar a personas en paro, especialmente a aquellas que llevan más de un año buscando un nuevo empleo sin éxito. Lo que técnicamente se conoce como paro de larga duración y que afecta principalmente a los mayores de 45 años.
Dicho refuerzo del personal de las oficinas públicas de empleo se produce en un contexto en el que, pese a las todavía altas tasas de paro, varios sectores empresariales manifiestan problemas para encontrar trabajadores debidamente cualificados. Y en un momento en el que el Gobierno se prepara para desplegar la nueva ley de empleo, que reforzará los servicios a los que tienen derecho los parados cuando se dirigen a las oficinas públicas.
El Departament de Treball de la Generalitat mantendrá un presupuesto para políticas activas de empleo de unos 595 millones de euros, según apuntan distintas fuentes consultadas. Una cifra similar a la del año pasado pero que para mantenerla exigirá al Govern un esfuerzo presupuestario adicional. Y es que la Unión Europea está retirando paulatinamente los recursos adicionales que había habilitado durante los años de mayor incidencia del coronavirus, lo que pasa por menos millones para políticas de inserción laboral. Esa retirada de fondos europeos la compensa la administración catalana poniendo más dinero de su bolsillo.
Ayudas para planes de movilidad
Otra medida incorporada en el acuerdo cerrado entre el Govern y los agentes sociales es una partida presupuestaria para incentivar que las empresas creen su propio plan de movilidad. Este es un protocolo para ordenar los desplazamientos, ingresos y salidas de los polígonos, oficinas o demás centros de trabajo. Con el fin de reducir las emisiones de CO2 emitidas durante los desplazamientos, así como mejorar la seguridad vial.
Según el informe del Ctesc, uno de cada tres trayectos realizados cada día en las carreteras catalanas son por motivos laborales y la distancia recorrida durante los mismos se ha disparado en los últimos 30 años.
Según confirman distintas fuentes conocedoras de las conversaciones, la administración catalana dispondrá de ayudas de hasta 7.000 euros por empresa que cree uno de estos planes. Unas ayudas pensadas para incentivar a las pymes a redactar estos protocolos, ya que habitualmente precisan para ello de contratar los servicios de una asesoría externa, lo que les implica un coste de tiempo y dinero.
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