Medio centenar de asociaciones empresariales se alían contra la nueva normativa en torno a los pisos turísticos

Barcelona Oberta (unión de ejes comerciales y turísticos de la ciudad), el Gremi de Restauració de la misma capital, la entidad Amics de la Rambla o la Federación Catalana de Locals d'Oci Nocturn (Fecalon), entre otras 50 asociaciones empresariales de corte similar, se han aliado para mostrar su disconformidad contra el nuevo marco legal que regirá el negocio de los pisos turísticos en Catalunya.

Lo han hecho dando apoyo a un manifiesto que lanzó ayer la Federación Catalana d'Apartaments Turístics (Federatur), junto a las tres asociaciones de apartamentos y viviendas de uso turístico territoriales de Catalunya: Apartur (Barcelona), ATA (Costa Brava y Pirineu de Girona) y AAT (Costa Dorada y Terres de l'Ebre). En él, estas cuatro figuras representantes de propietarios de pisos turísticos denuncian que la regulación acabará con el 80% del alojamiento, pero que eso apenas tendrá incidencia en la problemática de la falta de vivienda, y que, en cambio, salpicará de lleno a los sectores turismo, comercio, restauración y cultura.

Según recoge este manifiesto, Catalunya cuenta con un total de 102.798 viviendas de uso turístico, lo que equivale a 574.591 plazas, cerca del 40% de las que tiene en total la comunidad. "Estas viviendas de uso turístico representan un 2,5% del parque total de vivienda de Catalunya, una proporción tan baja que en ningún caso puede tener incidencia en la falta de vivienda", denuncia el texto. "El ejemplo más significativo es el caso de Barcelona, donde las licencias para nuevas viviendas turísticas están congeladas desde 2014, lo que hace imposible su responsabilidad en el actual incremento de precios en la ciudad", aseguran las entidades que lo firman.

En cambio -siempre de acuerdo con datos de Federatur- este sector supuso un impacto económico para Catalunya de 21.000 millones de euros, entre la actividad directa e indirecta a su alrededor. Esta cantidad "mayoritariamente se destina fuera del alojamiento, ya que solo el 25,7% corresponde al coste del alquiler".

Petición de una comisión

"El mundo turístico, del comercio, la restauración y la cultura sufrirán en primera persona el impacto negativo que supondrá la destrucción del sector de la vivienda de uso turístico: con las restricciones derivadas de la aplicación de la nueva regulación, sectores clave en nuestra economía como la restauración y el pequeño comercio, se verán gravemente afectados", agrega el manifiesto, que calcula que la nueva regulación podría terminar con 8 de cada diez viviendas que operan bajo este modelo.

En este sentido, su petición es la creación de una comisión integrada por la administración, los sectores afectados y expertos independientes para que se pueda llevar a cabo un diagnóstico "riguroso" de la situación y ofrecer "alternativas válidas" que no impliquen "la desaparición" de este sector económico.

A estas horas, ya han mostrado su apoyo a esta petición algo más de 50 asociaciones que representan a unas 8.000 empresas. Entre ellas, Barcelona Oberta, el Gremi de Restauració de Barcelona, l'Associació Catalana d'Agències de Viatges, Amics de la Rambla, la Mesa del Turismo de España, l'Associació d'Hostaleria, Turiste i Restauració de Girona, el Consell de Col·legis d'API de Catalunya, la Federació d'Associacions Empresaris d'Hostaleria Província de Tarragona, la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (FECALON), y la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme.